La comunicación irregular: el llamado que lo cambió todo
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el llamado que la jueza interviniente, María Cristina Barrionuevo, habría realizado al juez Löffler minutos antes de ordenar el operativo. Según la investigación de la defensa, esta comunicación no fue asentada en el expediente ni cuenta con respaldo procesal alguno.
Para Leonelli y su abogado, Gustavo Ariznabarreta, este acto constituye una clara prueba de la injerencia indebida del STJ. “La magistrada no solo incumplió el deber de reserva, sino que omitió cualquier registro formal de su comunicación con un miembro del Superior Tribunal”, se señala en la presentación. Este hecho, sostienen, no es un mero formalismo omitido, sino la evidencia de una línea de comunicación paralela y opaca que mancha la imparcialidad del proceso.
Filtración inmediata: la noticia antes de la ley
La consecuencia más visible de esta irregularidad fue la filtración inmediata del operativo a los medios de comunicación. “La noticia del allanamiento empezó a circular cuando la policía recién entraba a mi casa. Eso no pasa nunca. Alguien avisó, y esa filtración dañó no solo mi nombre sino la credibilidad del sistema”, denunció Leonelli con firmeza.
Esta divulgación prematura, según su defensa, fue estratégica para generar un escándalo público y una condena mediática antes de que se cumplieran las formalidades legales, operando como una forma de presión y desprestigio que excede el marco de la ley.
Abuso de poder y un sistema judicial en la mira
La denuncia pinta un cuadro de abuso de poder donde la figura del juez Löffler aparece como un operador clave en una maniobra que buscaba, según Leonelli, amedrentarlo y afectar su carrera. El uso de un canal informal de comunicación con la jueza interviniente no solo socava la independencia de esta última, sino que sugiere una coordinación que trasciende lo estrictamente judicial para adentrarse en el terreno de la pulseada política interna del Poder Judicial.
La presentación ante el Consejo de la Magistratura busca que se investigue no solo la conducta de la jueza Barrionuevo por la falta de registro y reserva, sino también la injerencia del juez Ernesto Löffler, marcando un precedente crucial sobre los límites del poder y las garantías de un debido proceso dentro del propio sistema judicial.
La presentación ante el Consejo de la Magistratura busca que se investigue no solo la conducta de la jueza Barrionuevo por la falta de registro y reserva, sino también la injerencia del juez Ernesto Löffler, marcando un precedente crucial sobre los límites del poder y las garantías de un debido proceso dentro del propio sistema judicial.
