Básicamente, la presión tributaria no tiene que ver directamente con las alícuotas que se cobra por cada impuesto (lo que se denomina presión tributaria legal) sino lo que se recauda con eso. Si hay evasión fiscal, por ejemplo, entra menos dinero al fisco, y la presión efectiva es menor, aunque la carga tributaria sobre les que pagan es mayor.
El estudio, elaborado por los economistas Diego Rivas y Lucio Cardinale-Lagomarsino, revela que los últimos nueve años fueron los períodos de mayor emisión normativa, con un pico en 2020 durante la pandemia de COVID-19. En promedio, se emitieron 54 normas por año, pero los gobiernos de Mauricio Macri (78), Alberto Fernández (86) y Javier Milei (64 en su primer año) superaron ampliamente ese número.
“La proliferación de normativa es reflejo de un sistema tributario caracterizado por marchas y contramarchas. Desde 2016, el volumen de disposiciones se incrementó y, aunque muchas buscan reducir la carga fiscal, no alteran la complejidad estructural ni la elevada presión impositiva que caracteriza a la Argentina”, explicó Rivas.
El informe detalla que los tributos más afectados fueron el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes a la Seguridad Social, con un claro predominio del primero en la última década.
Si bien, salvo algunas excepciones, ARCA es el organismo que emite la mayoría de la normativa, se observa un cambio en los actores que la acompañan en la generación de normativa: Entre 2003 y 2009 predominó el Poder Legislativo, Desde 2010 en adelante, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pasó a ocupar un rol central.
“El mayor protagonismo del Poder Ejecutivo en materia tributaria es un dato relevante: mientras las leyes pierden peso, los decretos del PEN y las resoluciones de ARCA ganan protagonismo. Esto plantea interrogantes sobre la calidad institucional y el principio de legalidad tributaria”, señaló Cardinale-Lagomarsino.
