El Senado se convirtió en escenario de una fuerte reacción política ante las últimas medidas del Gobierno nacional. Legisladores de distintos bloques se reunieron en una conferencia de prensa para expresar su rechazo al intento de censura contra periodistas, tras la cautelar impulsada por la Casa Rosada para frenar la difusión de audios que comprometen a funcionarios de alto rango.
En la reunión, se alertó sobre un posible quiebre institucional y se calificó la situación como “de extrema gravedad”, al considerar que se está atacando uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la libertad de expresión.
Críticas por censura previa y solidaridad con periodistas
Los senadores hicieron especial hincapié en lo que consideraron un acto de censura previa impulsado desde el propio Ejecutivo nacional. Denunciaron que se intenta silenciar a periodistas que difundieron audios vinculados a presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Durante la exposición, hubo respaldo público a los comunicadores señalados judicialmente, y se hizo énfasis en la necesidad de garantizar el derecho a informar, proteger las fuentes y preservar las garantías constitucionales.
Uno de los mensajes más resonantes fue el llamado a “ponerle el cuerpo a la defensa de la democracia”, en medio de acusaciones cruzadas y un clima político cada vez más cargado.
Lousteau: “Un paso muy problemático para la democracia”
Desde la oposición, varios referentes apuntaron directamente contra el oficialismo por lo que consideraron una maniobra para intimidar a la prensa. Uno de ellos fue el senador Martín Lousteau, quien advirtió que este tipo de acciones pone en riesgo el ejercicio libre del periodismo y afecta directamente a los ciudadanos.
“Si el Gobierno puede allanar a periodistas por publicar algo que no le gusta, ¿quién va a sentirse protegido?”, planteó, dejando en claro que las garantías constitucionales están bajo amenaza.
“Nos están dando la espalda a todos”, advirtió Andrada
El clima en la conferencia fue de total rechazo, pero también de alarma. Legisladores señalaron que el Poder Ejecutivo estaría utilizando el aparato judicial para perseguir y acallar voces críticas. En ese marco, se remarcó la importancia de no normalizar este tipo de conductas.
Uno de los discursos más contundentes fue el que describió que el Gobierno “ya no le da la espalda a los senadores, sino a la República misma”. Las acusaciones de autoritarismo y concentración de poder sobrevolaron la sala.
La Cámara de Diputados intenta autoconvocarse
Mientras el Senado realizaba su pronunciamiento, en la Cámara de Diputados también comenzaron los movimientos. A las 18, los integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión planeaban autoconvocarse debido a la inacción de su presidenta, ligada al oficialismo, quien no la reúne desde hace más de un año.
El objetivo de la convocatoria era claro: escuchar a los periodistas afectados por la denuncia del Gobierno y visibilizar un nuevo intento de censura que, según advirtieron, podría marcar un retroceso inédito en términos democráticos.
Denuncian parálisis y blindaje desde el oficialismo
Desde distintos sectores alertaron que la comisión permanece bloqueada por decisión política. Denuncian que no se la convoca ni siquiera frente a hechos de enorme gravedad institucional, como amenazas, represiones o medidas judiciales que atentan contra la libertad de prensa.
El pedido fue que se reactive de manera urgente y que se habilite un espacio institucional donde se escuche a los trabajadores de prensa, se protejan sus derechos y se impida la consolidación de un “modelo de censura de facto”.
Advertencia por consecuencias internacionales
Además de las implicancias internas, se alertó sobre posibles repercusiones a nivel internacional. La judicialización de periodistas y la prohibición de difundir información pública podrían derivar en conflictos diplomáticos, según advirtieron varios legisladores.
La situación no solo preocupa por su impacto en la coyuntura política, sino también por el mensaje que envía hacia fuera del país: que la Argentina está dispuesta a avanzar sobre derechos fundamentales cuando la información molesta al poder de turno.
Una grieta que reaviva el debate sobre la libertad de expresión
El conflicto entre el Gobierno y la prensa viene escalando desde hace semanas, pero tomó una nueva dimensión tras la decisión judicial de impedir la publicación de audios vinculados a posibles actos de corrupción. La reacción del Congreso marca un punto de inflexión en la discusión.
En medio de un clima electoral y de creciente tensión institucional, el Congreso parece haber encontrado un punto común: la defensa del periodismo como herramienta central para el control del poder. Pero la pulseada está lejos de terminar.
GLP
