A lo largo de la vida útil del proyecto, los ingresos totales podrían superar los 3.000 millones de libras (cerca de 3.800 millones de dólares), consolidando la relevancia del emprendimiento en la estrategia británica-israelí de explotación de recursos en la región.
Un proyecto con antecedentes recientes
Estas cifras se suman al anuncio de Rockhopper Exploration, que a comienzos de agosto informó haber asegurado un financiamiento de 140 millones de dólares para ejecutar la primera fase del proyecto. El plan contempla la perforación inicial de siete pozos productores de crudo y un esquema de extracción offshore mediante una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
De acuerdo con estimaciones de la consultora Netherland Sewell & Associates (NSAI), contratada por Navitas, el potencial recuperable del campo Sea Lion alcanzaría los 1.7 mil millones de barriles de crudo de alta calidad, distribuidos en varias fases de explotación.
El trasfondo de la disputa y silencio oficial
Más allá de los cálculos fiscales y laborales, el desarrollo del proyecto mantiene un trasfondo político y jurídico: anteriores gestiones del Gobierno argentino ha denunciado en reiteradas ocasiones la ilegalidad de las licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido en un territorio en disputa de soberanía.
En la actualidad, la ausencia de una reacción oficial del actual gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, frente a estos anuncios contrasta con la magnitud del proyecto. Ni la Presidencia ni la Cancillería han emitido comunicados recientes para denunciar el avance británico-israelí en las Islas Malvinas, lo que proyecta una inacción diplomática en un momento en el que el Reino Unido consolida de facto su control sobre los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur. Esta falta de pronunciamiento debilita la histórica posición argentina de reclamo soberano y deja el terreno allanado para la explotación unilateral.
