¿Qué pasará cuando el fuego vuelva? Esa es la pregunta que se hacen hoy brigadistas, especialistas y organizaciones ambientales, luego de que el Gobierno Nacional decidiera disolver el Fondo Nacional del Manejo del Fuego (FNMDF), el principal instrumento financiero del país para prevenir y combatir incendios forestales. La medida fue oficializada por el Decreto 463/2025 y se inscribe en una serie de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo para reducir el gasto público.
El argumento oficial apuntó a corregir desmanejos y aumentar la eficiencia. Pero detrás de esa decisión se produjo un cambio profundo en la arquitectura institucional del sistema. El fondo dejó de existir como herramienta específica y los recursos que lo integraban pasaron a formar parte del presupuesto general del Ministerio de Seguridad, que ahora también controla el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), a partir del Decreto 1136/2024.
El FNMDF había sido creado en 2020 como parte de una reforma de la Ley 26.815. Su misión era garantizar financiamiento estable, previsible y autónomo para acciones de prevención y combate. Estaba nutrido por tres fuentes clave: un porcentaje del 0,3% de las primas de seguros (excepto los de vida), aportes del Tesoro Nacional y donaciones externas. En 2022 recaudó $10.334 millones y en 2023, más de $22.500 millones, que se destinaron a la compra de equipamiento, contratación de personal, obras de infraestructura, capacitaciones y estudios.
Su eliminación no borra al Sistema Federal del Manejo del Fuego, que sigue existiendo con participación de provincias, Parques Nacionales y la Ciudad de Buenos Aires, pero sí debilita su capacidad operativa, al dejarlo sin una fuente exclusiva de financiamiento y supeditado a decisiones administrativas de otra área del Estado con prioridades distintas.
«La disolución del fideicomiso implica que el organismo ya no tendrá fondos de uso exclusivo. Al pasar al presupuesto general del Ministerio de Seguridad, se modifica el esquema de ejecución y se pierde autonomía«, advierte Sofía Nemenmann, co-directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). Desde su perspectiva, esto no solo tiene efectos presupuestarios, sino también jurídicos: «Afecta el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el principio de progresividad de la Ley General del Ambiente. Es un retroceso en derechos ambientales ya adquiridos», remarca.
El Fondo Nacional de Manejo del Fuego estaba nutrido por un porcentaje del 0,3% de las primas de seguros (excepto los de vida), aportes del Tesoro Nacional y donaciones externas
Desde las organizaciones ambientales, la preocupación se profundiza por la fuerte baja presupuestaria. Según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el presupuesto del SNMF tuvo una caída del 81% en términos reales respecto de 2023. A eso se le suma una subejecución de las partidas, incluso antes de la disolución del fondo, como lo evidencian los pedidos de informes realizados por organizaciones como la AAdeAA.
«El traspaso a Seguridad y la eliminación del fondo son una quita de transparencia sobre el destino del dinero. Se pierde eficiencia y se concentran decisiones en una estructura con prioridades distintas a las del manejo del fuego», resume Andrés Nápoli, director de FARN.
La auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en junio de 2024 sobre la ejecución presupuestaria de los últimos años, detectó fallas administrativas y problemas de trazabilidad (como facturas que no coincidían con los pagos realizados). Sin embargo, solo recomendó reformarlo y mejorarlo. «La solución no es eliminar el fondo. Es resolver las fallas y potenciarlo, porque Argentina no está en una buena situación frente al cambio climático«, insiste Nápoli.
Los recursos ahora pasan a un fondo general del Ministerio de Seguridad, que podrá usarlos para “objetivos de prevención de emergencias vinculadas con incendios o su combate”. Según los expertos, eso no garantiza ni la eficacia ni la planificación a largo plazo.
«La prevención requiere planificación y continuidad. No se puede estar improvisando con cada temporada», afirma Nápoli. En esa línea, Nemenmann también alerta sobre el vaciamiento simbólico y material de la política ambiental: “No solo se quitó el fondo, también se sacó la problemática de la órbita ambiental. Se la trata como si fuera un tema de orden público, ajeno a la crisis climática”.
Fuente: El Auditor
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