En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. Ello puede confirmarse en el siguiente gráfico donde se observa un recorte persistente en el empleo público nacional durante todos los meses de la gestión libertaria. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, la dotación de personal se redujo en 50.553 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 14,7%.
Analizando por sector, puede observarse que la mayor parte del recorte recae sobre la administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar, las empresas del Estado y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente.
Análisis por empresas o sociedades -7,6% Desde noviembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido significativo, afectando especialmente a empresas y organismos estratégicos del Estado. En primer lugar, se encuentra el Correo Argentino, con una pérdida de 4.860 puestos de trabajo, liderando el ranking de despidos, que tiene implicancias profundas ya que el Correo cumple funciones esenciales que van más allá del envío de cartas y paquetes: garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas donde los operadores privados no llegan y actúa como soporte logístico del Estado, incluyendo tareas clave como la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos, y el desarrollo de procesos electorales en todo el país. Le siguen Aerolíneas Argentinas, con 1.745 puestos de trabajo menos, en el marco de un proceso de achicamiento que afecta no solo al personal sino también a rutas estratégicas que garantizan la conectividad federal del país. En AySA, la empresa responsable del suministro de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se registraron 1.548 despidos, lo que pone en riesgo la capacidad operativa de un servicio esencial para millones de personas. Por su parte, la ex Télam, agencia nacional de noticias, fue virtualmente desmantelada con la desvinculación de 644 trabajadores, lo que representa un ataque directo a la pluralidad informativa y a la capacidad del Estado de producir contenidos propios con mirada federal y soberana. Un caso que merece especial atención es el del Banco Nación, donde se registraron 1.517 despidos en un contexto en el que el Gobierno ha manifestado abiertamente su intención de avanzar hacia su privatización. En paralelo, el sistema ferroviario nacional también sufre un profundo desguace: la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado perdió 1.906 empleos, mientras que Belgrano Cargas y Logística recortó otros 333. Reducir personal en las empresas ferroviarias estatales implica mucho más que un ajuste presupuestario. Tiene consecuencias directas sobre la calidad y alcance del servicio, ya que menos trabajadores significan, en muchos casos, una menor 3 frecuencia de trenes, rutas canceladas y un deterioro en las condiciones de mantenimiento, limpieza, atención al usuario y seguridad operacional. El recorte no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que también genera una pérdida de saberes técnicos y experiencia acumulada a lo largo de años, difícil de reemplazar en el corto plazo. Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un cambio de rumbo en la visión del rol del Estado, con impactos concretos sobre miles de trabajadores y sobre sectores clave para la infraestructura y el desarrollo del país.
Al analizar la reducción de personal en términos porcentuales —es decir, en relación con la dotación total de cada organismo o empresa—, el caso más extremo es el de la ex Télam, donde el recorte alcanzó casi el 80% del personal, llevándola a un punto de virtual extinción operativa y simbólica como agencia nacional de noticias. Esta cifra no solo refleja un ajuste profundo, sino una decisión política orientada a desarticular la capacidad del Estado de comunicar con perspectiva federal, plural y pública. En segundo lugar, se ubica la empresa energética ENARSA Patagonia, también con una reducción drástica de su planta, lo que debilita la presencia estatal en el desarrollo y planificación energética en la región sur del país. Le siguen, en tercer y cuarto lugar, las empresas vinculadas a la educación y la producción de contenidos: Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., ambas afectadas por recortes significativos que limitan el 4 acceso a herramientas pedagógicas, digitales y audiovisuales que han sido clave en la democratización del conocimiento y la cultura en los últimos años. También sobresale el vaciamiento de empresas tecnológicas y de infraestructura estratégica. El Polo Tecnológico Constituyentes sufrió una pérdida del 40% de su personal, lo que representa un retroceso en la capacidad estatal para sostener desarrollos científicos e innovaciones tecnológicas. La Administración General de Puertos y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias registraron recortes del 32% y 34% respectivamente, afectando áreas clave para el comercio exterior, la logística nacional y la planificación del transporte. En el sector asegurador, Nación Seguros perdió el 31% de su planta, debilitando la presencia estatal en un sector que permite ofrecer cobertura a ciudadanos y organismos públicos en condiciones accesibles y con criterios de interés social. Este análisis porcentual permite dimensionar no solo el volumen de los despidos, sino también la profundidad del repliegue estatal en sectores estratégicos para la soberanía, el desarrollo productivo, la educación pública y la integración territorial.
Fuente CEPA Centro Economia Política Argentina
