En la Carta de Intención quedó determinada la conformación de una comisión integrada por representantes de cada parte, que tendrá a su cargo la búsqueda de alternativas económicas para financiar la obra y a la vez destrabar el reclamo judicial de la empresa constructora por gastos improductivos en los años que lleva paralizado el emprendimiento.
Capitales franceses se harían cargo de la deuda del Estado con la UTE y también de la financiación del proyecto, a cambio de la concesión del puerto por un plazo que se discutirá en el seno de la comisión.
En tanto, la Provincia participaría de las ganancias que arrojaría la explotación de las instalaciones a través de un paquete accionario.
