USHUAIA, 29 de agosto. – Un equipo de investigación conducido por la coordinadora del Programa de Política y Gestión del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, María Page, dio a conocer las conclusiones de la investigación denominada “Hacia una agenda de buen gobierno. Mapa de la calidad institucional en las provincias argentinas”.
El primer tema analizado es el acceso a la información y considera que “es un derecho fundamental de las personas y un elemento clave para el control de la gestión pública”. En cuanto a la “efectiva vigencia del derecho de acceso a la información pública en la práctica, se destaca el desempeño de la provincia de Tierra del Fuego con una evaluación muy positiva”.
La categoría “acceso a la información pública” fue diseñada para relevar la existencia y el funcionamiento de normas y mecanismos que garantizan el acceso de los ciudadanos a la información pública en el nivel provincial. Considera que “puede exigir mejores políticas públicas cuando cuenta con información relevante para evaluar las decisiones y acciones de gobierno (…) fortalece el proceso de toma de decisiones y, por lo tanto, contribuye con la mejor formulación de políticas”.
Los resultados por provincia muestran que el acceso a la información pública es todavía un desafío en la mayoría de los casos, aún cuando en la mitad de los distritos existe legislación que lo reconoce. El texto manifiesta que “Sólo 11 distritos cuentan con alguna norma que reconoce el derecho de acceso a la información del Estado y de ellas, apenas ocho cuentan con una ley provincial de ese tipo: la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego”.
En cuanto al acceso a la información sobre el manejo de la burocracia provincial, la información sobre la planta de personal que las provincias publican es escasa. El informe destaca que “sólo Tierra del Fuego publica las designaciones efectivas en la administración pública provincial en forma actualizada y las remuneraciones”.
Para llevar a cabo este estudio, el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) conformó un equipo de investigación compuesto por 17 investigadores principales que lideraron equipos locales en cada una de las provincias relevadas. Estos grupos de trabajo revisaron y evaluaron el cuerpo básico de normas que regulan el funcionamiento de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cada una de las categorías estudiadas, y realizaron más de 300 entrevistas a actores clave de las jurisdicciones analizadas.
Son cuatro los temas en los que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), consideradas en su conjunto, enfrentan mayores desafíos: el acceso a la información pública, la regulación y los controles sobre el financiamiento de la política, el marco institucional del proceso presupuestario, y la profesionalización del servicio civil provincial.
