Martínez explicó que “en los últimos años ha crecido paulatinamente la concentración de la tenencia de la tierra mediante arrendamientos y otras formas de tenencia indirecta, utilizadas por fondos de inversión, fideicomisos, sociedades anónimas, pooles de siembra, etc. A partir de allí se estableció una despiadada e inequitativa competencia por el acceso a la explotación de la tierra, provocando el desplazamiento de los agricultores familiares y, en general, de los productores agropecuarios estables y profesionales, a manos de estos grandes emprendimientos. Sin duda esta situación perjudicial para los agricultores se vio favorecida por una legislación permisiva”.
“Es necesario replantear la actual normativa de contratos agrarios que junto a otros instrumentos, nos permitan avanzar hacia un desarrollo del interior equilibrado e integral”, agregó Díaz.
La iniciativa tiene como principales objetivos beneficiar a la agricultura familiar y a los productores profesionales y estables, favorecer la distribución de la tenencia de la tierra por contrato, la estabilidad y equidad en las relaciones contractuales, la reinstalación de productores excluidos, contrarrestar la concentración de la tenencia de la tierra por contratos y proteger y recuperar los recursos naturales.
El proyecto establece contrato mínimo por cinco años, el impedimento de fijar proveedores, transportistas y/o acopiadores exclusivos; impedimentos de fijas métodos productivos, la inembargabilidad de enseres productivos, un régimen impositivo especial y precios de referencia para transparentar el mercado y evitar abusos.
“Con la finalidad de proteger a la agricultura familiar y detener la concentración, el Proyecto introduce un régimen especial para los que denomina Contratos Promovidos, al mismo tiempo que pone límites a la concentración y grava sus modalidades habituales. Se establece un régimen fiscal que incentiva la concertación de contratos promovidos a favor de pequeños y medianos productores, bajando en este caso la carga para los contratantes, mientras la aumenta cuando el sujeto involucrado sea una sociedad de capital, un pool de siembra o figuras afines”, contó Martínez
Díaz comentó que “se intenta favorecer la explotación de pequeñas unidades económicas y la mejor distribución de la tenencia de la tierra, como así también contribuir a que el sistema tributario sea más equitativo y progresivo”.
Los parlamentarios fueguinos tomaron como base el Proyecto presentado por el diputado Eduardo Macaluse en el año 2007 incorporándole algunas modificaciones que clarifican el proyecto.
