Ante la consulta de los legisladores sobre las acciones desarrolladas por el Ejecutivo, el Ministro enumeró las medidas adoptadas desde el inicio mismo de la gestión. Recordó que “la primer decisión adoptada en el marco de un plan de seguridad” por el Gobierno, fue la de descentralizar el funcionamiento de la Policía llevando las comisarías a los distintos barrios de la Provincia (4 en Río grande, 3 en Ushuaia y 1 en Tolhuin), iniciativa que según los propios oficiales presentes “contribuyó a mejorar” la prevención del delito.
Aramburu señaló que también se confeccionó un mapa del delito; que se obtuvo respaldo de la Nación para la compra de nuevos móviles y equipamiento tras gestiones iniciadas el año pasado; y que se trabaja coordinada y permanentemente con las demás Fuerzas de Seguridad con asiento en la Provincia.
No obstante, el Ministro admitió las limitaciones que la Policía actualmente atraviesa en lo referido a recursos humanos, ya que según la información brindada por la Plana Mayor hay en actividad 1090 efectivos para toda la Provincia, de los cuales alrededor de 100 ya están tramitando su retiro o gozan de licencia.
Asimismo, el titular del Cartera Política recordó que la necesidad de recursos humanos y materiales para la Institución ya fue planteada a la Legislatura en anteriores oportunidades, y que atendiendo a esos requerimientos se sancionó la Ley 774 – posteriormente declarada inconstitucional- que destinaba fondos específicos a la seguridad, la salud y la educación.
Por su parte, el Jefe de Policía ratificó que “se acotó al máximo” la cantidad de policías que llevaban a cabo tareas administrativas, por lo que actualmente ese personal presta servicios en las calles. Sin embargo, aclaró que es imposible para las distintas dependencias prescindir de todos, ya que hay tareas que un civil no puede realizar.
Ojeda destacó por otro lado que, a partir de la implementación del sistema de comisarías barriales “se estableció un contacto más fluido entre el vecino y el policía, lo que genera un vinculo de confianza”, y que permitió el esclarecimiento de varios ilícitos “gracias a la intervención inmediata ante un llamado o denuncia”.
La puesta en marcha de las comisarías también sirvió “para poder evaluar puntualmente y de mejor manera las necesidades de personal y materiales que cada dependencia tiene” agregó el comisario.
Cabe acotar que en cada comisaría prestan servicios personal del comando de operaciones; de policía judicial; efectivos capacitados para situaciones de violencia familiar y delitos de índole sexual, y en problemáticas de minoridad.
En cuanto a la incorporación de nuevos efectivos, el Director de Institutos Policiales explicó que para fines de año estarán en servicio 26 nuevos oficiales y los primeros 120 de los 350 agentes que la Legislatura autorizó incorporar. Estos últimos cumplirán con una instrucción intensiva de cuatro meses, y una vez incorporados a las tareas de calle, seguirán siendo perfeccionados con distintos cursos de capacitación.
Las autoridades provinciales, los oficiales de Policía y los legisladores mantuvieron posteriormente un encuentro de carácter reservado.
El ministro de Gobierno Guillermo Aramburu, comentó en declaraciones a la prensa que “respondiendo a la convocatoria de los legisladores, hemos brindado información en materia de políticas públicas de seguridad que tiene que ver con una definición integral y no solamente con lo vinculado a la Policía o la prevención del delito”. En este sentido, el Ministro subrayó que “la seguridad es una política de Estado y el Estado no se limita sólo al Poder Ejecutivo, por lo tanto se requiere de la articulación de los distintos Poderes”.
