Uno de esos temas es la imposibilidad de acceder a una vivienda en Tierra del Fuego, la provincia con mayor ingreso per cápita según el INDEC, la demanda es de unas 10 mil viviendas en las dos principales ciudades y las quejas aumentan, más en Ushuaia donde está todo dolarizado por el turismo internacional, si a esto le sumamos el 104,5 % de inflación de los últimos 12 meses, pero la de los últimos 4 años llega al 425%, la realidad se pone aún mucho más cruda.
En este punto es dable aclarar que los precios de un mono ambiente en Rio Grande, zona céntrica es de unos 75 mil pesos y en Ushuaia puede llegar a los 130, una casa de una habitación en Rio Grande supera los 100 mil pesos y en Ushuaia puede costar hasta 150 mil.
El gobierno nacional, ha planteado la suspensión de la ley de alquileres y aquí se han dicho cosas que evidentemente se dan de nariz con toda la jurisprudencia al respeto, por ejemplo, obligar a propietarios a alquilar casas de no estén utilizando, multarlos, hacer un registro de alquileres temporarios, que Ushuaia cuestan 20 mil pesos por día y hasta regular los precios de los alquileres.
Esto no se puede hacer, además de ir en contra de inversiones en el mercado inmobiliario genera una inseguridad jurídica para cualquiera que quiera obtener rentabilidad de esa inversión.
Lejos de plantear una solución al problema, la suspensión de la ley de alquileres ha sumado más incertidumbre, tanto en propietarios como inquilinos y la primera reacción ha sido retirar del mercado los inmuebles en alquiler hasta que se tome una decisión que satisfaga a ambas partes.
En nuestra provincia, el problema es crónico, desde 1995 que no se construyen viviendas como lo hizo la gestión del entonces gobernador José Establillo que entregó 5000 viviendas.
Finalmente, lo más preocupante es que hoy hay gente en situación de calle en esta provincia, la demanda se sostiene y las soluciones habitacionales no aparecen, pero hay además una cuestión de inversiones que podrían detenerse, más que nada en Ushuaia que vive prácticamente del turismo y la administración pública y eso repercutiría negativamente en el comercio, empresas de viajes, emprendedores y toda la cadena de ingresos que produce el turismo. Si a todo esto le sumamos que el valor del salario ha caído 1400% y el peso es la moneda de menor valor de América latina, la realidad es que todo lo que se diga al respecto no solo no soluciona nada, sino que genera expectativas que no se van a cumplir, porque el gobierno no puede accionar sobre la propiedad privada, cada uno hace con su propiedad lo que quiera, les guste o no.
La realidad los ha pasado por arriba, y aparece como una responsabilidad del estado, cumplir con la demanda de viviendas que se necesitan, en un tiempo perentorio. Esa es la única solución real y factible y que la entrega de esas viviendas sea para quienes en realidad las necesitan. Porque los propietarios ni siquiera le alquilan en Ushuaia a los residentes porque tienen que hacerles un descuento, cualquiera que viaja de Rio Grande debe pagar como si llegara de New York y no es que se alojan en el Hilton, hay viviendas en alquiler que son una cucha de perros. Ahí si debe participar el estado verificando que lo que pone en alquiler sea habitable y sobre todo que se cumpla con la ley de residentes, sino solo se está agregando un problema más, es un derecho adquirido y debe respetarse y si no es así debe denunciarse.
