La iniciativa grava con impuestos internos y duplica la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a diversos productos electrónicos, entre ellos celulares, monitores LCD, equipos de aire acondicionado y GPS. Del texto original que envió el Poder Ejecutivo, se eliminaron las netbooks y notebooks, a pedido de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que fabrican ese tipo de aparatos en sus jurisdicciones.
La iniciativa elimina la exención de impuestos internos del 26%, y lleva el IVA del 10,5% al 21% para los productos electrónicos e informáticos que no se fabriquen en Tierra del Fuego, sean importados o nacionales. La propuesta, que llegó del Senado el viernes último a la Cámara baja, recibió ayer por la tarde el dictamen respectivo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que habilitó su tratamiento sobre tablas.
A pesar del fuerte impulso que le dio el Poder Ejecutivo a la propuesta, en busca de convertir a la isla de Tierra del Fuego en una “Manaos del Sur”, como expresara la presidenta Cristina Fernández, el proyecto recibió fuertes críticas sobre todo por parte de las cámaras importadoras de electrónicos.
Esos grupos advirtieron en tonos apocalípticos que “los precios de los artículos aumentarán hasta un 34%, lo cual bajará drásticamente la demanda y pondrá en juego miles de puestos de trabajo”. Agregaron que la puesta en marcha de la ley provocaría asimismo escasez de oferta de celulares, debido a que “se disolverán importadores y la isla sólo tiene capacidad para abastecer al 3% del mercado argentino”.
CONTRAPUNTO. También la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la Argentina (Cicomra) y la Cámara de la Industria Fotográfica Argentina (CIFA) sumaron sus voces en contra de la iniciativa, lo que generó una fuerte respuesta por parte de la ministra de Industria y Turismo, Débora Giorgi, que acusó de “lobbistas disfrazados de defensores del bolsillo de la ciudadanía” a quienes criticaron de esa forma al proyecto de ley.
La funcionaria resaltó que la aprobación de la norma conllevará la creación en pocos meses de dos mil puestos de trabajo en Tierra del Fuego, con inversiones comprometidas por u$s200 millones que se destinarán a la elaboración de productos tecnológicos con alto valor agregado.
Sobre la iniciativa, el titular de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), Alejandro Mayoral, resaltó en declaraciones periodísticas que en Tierra del Fuego “existe un proceso productivo vinculado con esa actividad, que utiliza mucha mano de obra local, con más de 4.000 trabajadores”.
El proyecto también recibió apoyo por parte de la Unión Obrera Metalúrgica, que tiene numerosos afiliados en el sector electrónico en territorio fueguino.
Las idas y vueltas en torno del proyecto llevaron a la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos, a realizar varias visitas a los distintos bloques políticos de ambas cámaras del Congreso Nacional, para buscar los consensos necesarios para la aprobación de la propuesta.
El proyecto de ley reviste singular importancia para la administración fueguina, que atraviesa una complicada situación económica y productiva desde hace varios meses.
