El asunto cobraba especial relevancia esta semana, cuando el oficialismo pretendía lograr la media sanción en Diputados del Presupuesto 2010. Las provincias acumulan un déficit de unos $ 8.100 millones, tres veces más que el registrado en 2008. De acuerdo al último relevamiento de la consultora Economía y Regiones, que dirige Rogelio Frigerio, Buenos Aires encabeza la carrera del rojo fiscal en cuenta corriente, con un 9,8 por ciento de déficit. En otras palabras, de cada $ 10 que la provincia debe gastar, $ 1 debe ir a buscarlo a otros rincones que no sean la recaudación impositiva propia ni los ingresos por coparticipación. Luego siguen Tierra del Fuego, con un déficit de 8,7 por ciento; Chaco, con 3,5; Río Negro, con 1,2; y Jujuy, con 0,5.
La falta de independencia económica genera dependencia política, ya que las provincias incapaces de cubrir sus gastos deben recurrir a la Nación. El segundo lugar de Tierra del Fuego, por ejemplo, explica en gran medida la alianza entre sus dirigentes, del ARI, y el Gobierno nacional. El teorema se confirma cuando se advierte que no hay provincia con déficit importante que se haya caracterizado por su rebeldía política.
El sistema federal de recursos muestra profundas incongruencias en tanto y en cuanto hay jurisdicciones, como Buenos Aires, cuya producción de riqueza genera la parte gruesa de la recaudación nacional pero luego deben recurrir a la Casa Rosada para cerrar sus cuentas. A la vez, otras provincias serían incapaces de subsistir si debieran vivir sólo con recursos propios.
“Hay provincias del norte en las cuales el 80 por ciento de su presupuesto se destina a salarios y tienen, comparativamente, una menor estructura productiva. En ellas la dependencia de la Nación es muy grande y además los aumentos de los sueldos públicos tiene un gran impacto presupuestario”, describe la economista Verónica Sosa, de Economía y Regiones.
Si el problema era manejable con los superávit para el Guinness de años anteriores, la situación se vuelve indomable cuando la aguja del excedente fiscal se acerca a cero.
La señal más evidente del cambio de aire fue la decisión de avanzar con un proyecto que flexibiliza hasta fines de 2010 varios artículos de la ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada en agosto de 2004, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Los cambios permitirán a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires aumentar el gasto público por encima de la suba del PBI y tomar crédito para financiar gasto corriente.
El impulso al proyecto, acordado entre los gobernadores y la Casa Rosada, fue la muestra de que las cuentas provinciales no cierran en 2009 y tampoco hay expectativas de acomodarlas fácilmente el año próximo.
Pero según muchos analistas, la reacción demostró también la decisión de volver a los parches en lugar de encarar un cambio de fondo en el reparto de los recursos públicos.
“El proyecto debería llamarse Ley de Irresponsabilidad Fiscal, porque al final las normas se aplican sólo cuando la plata alcanza y no se toman previsiones para cuando comienza a faltar”, dice el economista Orlando Ferreres, quien cree que cuando aparecen las dificultades los políticos dejan de cumplir la ley porque piensan que nada les va a pasar. “Saben que no se va a aplicar una penalidad y, por lo tanto, no sirve como ejemplo para el futuro”, afirma.
Todas las provincias disminuyeron sus niveles de ahorro en el primer semestre de 2009 por la caída en la actividad y la baja de la recaudación. Paralelamente, los aumentos salariales determinaron que el incremento de los gastos avanzara a un ritmo superior al de la suba de los ingresos. De todas formas, los debilitados recursos provinciales están mejor que en la crisis de 2001, cuando las provincias debieron recurrir a la emisión de patagones y otras cuasi-monedas para pagar salarios. Por ahora, alcanza con disminuir los gastos, congelar los salarios y la posibilidad de vender bonos para financiarse.
Pero algunos sectores de la oposición creen que el proyecto enviado esconde la intención de ayudar a las provincias con créditos del sistema de jubilaciones. “Van a recurrir a la misma fuente que usa el Gobierno, la ANSES”, sospecha el diputado Jorge Sarghini, quien fue Secretario de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde. Sarghini y otros representantes del peronismo opositor y el macrismo quieren que el Poder Ejecutivo nacional cubra los vencimientos de las deudas provinciales de 2010 con los fondos de aportes del Tesoro Nacional (ATN), que si se actualizaran superarían los $ 11.000 millones. El Estado nacional es acreedor del 70 por ciento de las deudas provinciales. La propuesta de Sarghini es prenda de cambio para apoyar el proyecto de Presupuesto nacional.
¿Pero cuál sería la solución de fondo para las inconsistencias de las finanzas provinciales? Ferreres se encolumna entre los drásticos, que consideran que algunas provincias deberían fusionarse con otras y que los giros de la Nación “para servicios públicos indelegables, como salud, educación, seguridad y justicia” deberían determinarse según la cantidad de habitantes de cada jurisdicción.
“El resto, que son gustos que quiere darse cada provincia, debería ser un problema de los gobernadores”, agrega el economista.
Sarghini, en cambio, considera que la madre de todos los problemas fueron los sucesivos recortes que a lo largo de los años sufrieron los fondos coparticipables, y propone reconstruirlos en desmedro de los ingresos de la Nación. Los especialistas de Economía y Regiones, por su parte, también creen necesario descentralizar en parte los impuestos para crear, por ejemplo, un IVA provincial y transferir Bienes Personales.
El crítico norteamericano Henry Louis Mencken afirmaba que siempre hay una solución fácil para los problemas, y era la equivocada. Los gobernantes deberán decidir alguna vez por cuál optan.
