Mediante un trabajo detallado, se ha asignado a alguna jurisdicción el gasto nacional en personal, según los domicilios de todos los empleados públicos nacionales y de los jubilados nacionales. También se repartieron entre las distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires todos los gastos corrientes y de capital que hace el Estado nacional, ya que éste no tiene territorio propio, ni siquiera la quinta de Olivos, que ahora se computa como territorio de la provincia de Buenos Aires.
También se ha calculado el origen de todos los fondos, computando para cada provincia la base imponible de cada uno de los impuestos, ya sean nacionales y provinciales, municipales. De esta manera, se obtuvieron los recursos totales propios de cada jurisdicción, tanto los que hoy formalmente corresponden a la Nación como los que quedan en las provincias. Por medio de la comparación con sus gastos totales propios (ya sea los gastos que la Nación hace en el territorio de esa provincia, sus propios gastos provinciales, o los de sus municipios), se obtuvo por diferencia el déficit o superávit de cada una de las jurisdicciones, es decir, la correspondencia fiscal.
Las cifras en pesos fueron convertidas a dólares para tener una base de comparación a lo largo de los años. El cálculo está disponible en pesos.
Como la idea de este trabajo no es opinar, sino mostrar la realidad con números, los resultados son dramáticamente reveladores, aunque tremendamente desalentadores.
El gráfico que acompaña esta nota debe leerse así: por ejemplo, en 2008, la provincia de Buenos Aires generó recursos fiscales por US$ 37.384 millones y ese año los gastos consolidados efectuados en su territorio fueron de US$ 30.927 millones, con lo que aportó US$ 6457 millones a otras jurisdicciones. Aunque, con un dólar a $ 3,85 está aportando unos $ 25.000 millones para otras provincias, no puede pagar sus propios gastos, pues, en la práctica, no hay correspondencia fiscal. Hay que recordar que estas cifras son distintas de las que surgen de la coparticipación federal y de los pactos fiscales en vigor, pues ellos reflejan el distinto poder o capacidad de negociación de cada jurisdicción.
Como puede apreciarse, muchas provincias no pueden cubrir sus gastos y deben recurrir a aportes de otras jurisdicciones. Los estados provinciales que requieren apoyo acumulan un saldo anual negativo de US$ 11.000 millones, una cifra que deben regalarles las demás jurisdicciones. Esta transferencia viene ocurriendo desde hace por lo menos una década.
Si Uruguay no se hubiera constituido como Estado independiente de las provincias argentinas en 1828, tendría que aportar también, lo que derivaría en un crecimiento menor para el país vecino. Esto es precisamente lo que les ocurre a aquellas provincias que deben regalar parte de sus recursos en forma permanente a las provincias crónicamente deficitarias. Los distritos que deben aportar o regalar recursos son: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Neuquén, la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, Mendoza y Tierra del Fuego.
¿Es posible mantener esto en forma permanente? Los que piensan en estrategias de largo plazo sabrán dar una respuesta. El tema es conflictivo, pero no se puede seguir como el avestruz, sin querer ver el problema.
Lo que sí es cierto, es que el conjunto de provincias argentinas crece menos de lo que indica su potencial, pues en muchas jurisdicciones hay exceso de gobierno, que en una correspondencia fiscal estricta no podría mantenerse ni un año. En muchas provincias, el empleo público es la principal fuente para cobrar un sueldo, lo cual no quiere decir que se haga un trabajo que aporte valor agregado a la producción nacional.
Sobra empleo público
Los empleados públicos provinciales -en general- trabajan sólo por la mañana, hasta las 13. Sobra casi la mitad de los empleados, pero no es posible prescindir de ellos, pues no tendrían demanda de trabajo en el sector privado de esa provincia. Además, el gobernador no podría contar con todos esos votos para ser reelegido en forma indefinida, como ocurre en muchas partes. En las últimas décadas, muchos gobernadores han reformado la constitución, o han tratado de reformarla, para poder eternizarse en sus puestos.
¿Cuál es la solución? No hay una respuesta fácil a estos interrogantes: ¿cuál es la función de la Nación, las provincias y los municipios? ¿No se superponen mucho en sus gastos? Esto significa que hay mucho gasto improductivo en las diferentes jurisdicciones, que cancela riqueza y lleva a una pobreza relativa sin remedio si no se cambia de signo a tiempo.
Si se cuenta a la ciudad de Buenos Aires, hay 2247 municipios en el país, un número exagerado. Hay excepciones, como Mendoza, con muy pocos municipios. La caza de puestos ha llevado a este enorme crecimiento de municipios y comunas, pero eso no ha significado mejor educación, salud, seguridad o justicia, sino todo lo contrario.
Se requiere consenso para cambiar estas realidades, que se han venido desarrollando históricamente, primero con un país unitario, como era al inicio la Argentina; luego con 14 provincias por muchos años y, actualmente, con 24 estados, muchos de los cuales, como se ha visto, no tienen los recursos para pagar ese enorme gobierno. Pero si no hemos sabido ni siquiera hacer una ley de coparticipación federal en los últimos 14 años, como exige la Constitución de 1994, ley que apenas roza este problema, cómo vamos a resolver un tema más grave, especialmente con dirigentes políticos que se asustan con los temas conflictivos y siempre los patean para adelante.
La solución pasa por crear fuentes de trabajo productivo en cada provincia, pero esto exige inversiones muy altas y menor gasto público improductivo provincial y municipal. Lo que se ahorre de gasto público puede ir a formar un fondo de desarrollo provincial que genere, adicionando crédito y capital y management privado, importantes empresas.
Debe ser encarado en un plan de desarrollo inclusivo a diez años, a nivel nacional. Es posible, pero exige un diseño muy riguroso, que deje de lado la improvisación y los intereses del amiguismo provincial y de los empresarios prebendarios. Sólo así se podrá salir del pozo en el que se fue metiendo el país progresiva e inadvertidamente.
El autor es presidente del estudio Orlando J. Ferreres y Asoc.
Orlando Ferreres
Para LA NACION
