Por el contrario, el funcionario sostuvo que “para el ciudadano de Tierra del Fuego, la norma le permitirá contar con mayores posibilidades de inserción laboral, en tanto que para el resto del país los celulares no va a sufrir ningún tipo de aumentos porque la suba impositiva la absorberán las operadoras. No olvidemos que las empresas no lucran con la venta de equipos, si no que su negocio son las líneas”, recordó.
En este sentido, el titular de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal anotó que, tras perder la Isla la posibilidad de producir notebooks “los teléfonos celulares son por ahora el producto que más se está esperando, aunque al mismo tiempo es el que las cámaras importadoras están tratando de exceptuar porque se trata de un producto importante”.
Informó que en la Argentina “se importan alrededor de 10 millones de teléfonos a un promedio de 150 dólares por equipo, por lo que hablamos de una masa de 150 y 200 millones de dólares que en la balanza comercial se están yendo a México o Brasil”.
“El celular es justamente el producto más controvertido dentro de la norma y por el que sufrimos más embates de los sectores importadores y de la prensa nacional, que en el último fin de semana publicó diversos artículos con notoria injusticia y tendenciosidad” criticó.
Delamata entendió también que en el resto de los productos electrónicos incluidos en la ley “no deberían darse incrementos de precios, porque la industria fueguina tiene un sólo mercado que es el nacional, y si no logra ubicarse dentro de los parámetros de este mercado y lo que los consumidores pueden pagar, el industrial fueguino no se verá favorecido”.
“Se está esperando con expectativa la decisión que tome la Cámara Alta, porque eso va a representar un cambio hacia una diversificación de los productos y traerá algo que se está buscando históricamente, porque esto no es un logro del momento sino el resultado de un objetivo que se persigue desde hace varios años”, remarcó.
Asimismo, el Secretario señaló que, aún obteniendo la sanción de la norma, la dirigencia política fueguina y el sector industrial deben plantear el debate sobre la readecuación de la Ley de Promoción Industrial 19.640, ya que “lo que haría la sanción de esta norma sería poner un sesgo de diferenciación entre los productos importados y los productos nacionales” concluyó.
