A la fuerza y sin gesto alguno por parte del oficialismo, la oposición logró mechar en la agenda política la crítica situación de los pobres en la Argentina, señala con preocupación incluso desde el Vaticano. El debate gira en torno a la asignación universal por hijo y tiene doble posición.
Mientras el gobierno aduce que es inviable su financiación, desde la vereda de enfrente responden que no habría que generar nuevos recursos sino reasignar partidas de los siempre cuestionados planes sociales, tristes sinónimos de la palabra “clientelismo”.
Aunque el diputado Claudio Lozano encabeza desde hace algún tiempo el reclamo por esta asignación y presiona para instalar la pobreza en la agenda parlamentaria, la también legisladora Elisa Carca posee un record no festejado: viene presentando un proyecto de esta índole desde 1996, cuando lo hacía con la entonces diputada del ARI, Elisa Carrió.
Ella junto a la cúpula de la Coalición Cívica que hoy integra más el radicalismo –juntos conforman el Acuerdo Cívico y Social- desempolvó ayer el proyecto para avanzar en esta dirección. Una asignación universal por hijo de 200 pesos que tendrá un costo fiscal anual de 25.000 millones de pesos.
La cifra excede y bastante lo calculado por la misma presidenta Cristina Kirchner. Ayer, en conferencia de prensa, se refirió al reclamo de la oposición en este sentido y lo cruzó aduciendo el pozo fiscal que esto generaría. Según detalló, “en el caso de que se decidieran $ 135, se necesitarían 6.900 millones de pesos anuales más por año. En el caso de que fueran 150 pesos, serían 8.080 millones de pesos más. En el caso de que se decidiera $ 200 de asignación familiar, estaríamos en el orden de los $ 11.800 millones más. Y en el supuesto de que se les diera $ 250 más, estaríamos en el orden de los 15.600 millones de pesos más”.
Estas declaraciones hicieron brotar críticas al por mayor. Según adujo Lozano en diálogo con La Política Online, “lo que dijo Cristina sobre que no hay respaldo fiscal no tiene que ver con eso, sino que tienen otras prioridades”. “En la práctica, ella fue muy elocuente: Dijo que han puesto en toda su gestión para política social 41 mil millones de pesos, que es lo que ponen en subsidios durante el 2009, un solo año, a las principales empresas del país”, expuso el economista de la CTA.
Números redondos
Este medio habló con la diputada Carca, quien no dudó en calcular el costo fiscal de su proyecto en “más o menos 25 mil millones de pesos”, pero rápidamente aclaró que “asusta un poco esta cifra, pero hay que ver cómo se optimizan los recursos ya existentes”.
La financiación de ese monto llegaría desde dos ramas. Por un lado, modificar el Impuesto a las Ganancias y eliminar la exención por hijo, lo que generaría recursos cercanos a los 5.000 millones de pesos por año, según estima. Esta idea también es central para Lozano, autor de otro proyecto, ya que “si se elimina esa exención a los que tienen mayor capacidad económica, estás ganando recursos por un lado y equilibrando por el otro”. También plantea Carca gravar la renta financiera, con lo que calculan obtener otros 1.700 millones.
No al límite
Carca admitió que el proyecto es “perfectible” ya que ahora se abriría en el Congreso una serie de consultas técnicas, pero negó rotundamente que puedan aceptar limitar el acceso a esta asignación de acuerdo al ingreso familiar. “Lo descarto porque si entro en esa variante, deja de ser universal; y si deja de ser universal, se vuelve a prestar a la manipulación”. Lozano coincide: “Esa es la ventaja de la universalidad, que es directo y no da lugar a la burocracia”.
¿Cómo llegan de los 6.700 millones conseguidos hasta aquí a los 25 millones que necesitan? Reasignando las partidas destinadas a la red de planes sociales con los que trabaja el gobierno kirchnerista, los cuáles fueron ratificados por la propia Cristina cuando habló sobre su negativa a avanzar en dirección a la asignación universal.
“Afectaríamos todos los recursos que se usan en paquetes de programas de asignaciones familiares, que son 12.000 millones; los programas sociales focalizados que no tendrían razón de ser, porque se llegaría con una universalización a todos los hogares, que son 6.300 millones más; y unos 1.700 millones que vuelven a través del IVA, porque esto es dinero circulante, se traduce en consumo”, contó la diputada por la provincia de Buenos Aires a este medio.
La cuenta total de su plan da una cifra cercana a los 25.000 millones de pesos, más los 1.700 que estima se generarían con recaudación de IVA por el flujo de consumo generado. Todo dedicado “todos los chicos, de 0 a 18 años y las madres embarazadas desde el cuarto mes, todos, ricos, pobres, clase media, todos cobrarían el mismo ingreso”.
Clientelismo y subsidios
Claro que esta idea incluye un efecto secundario. La aplicación de los millones destinados a planes sociales en esta asignación universal es un golpe directo –y quizás mortal- al clientelismo político. “Cuando se destinan recursos a cualquier programa social, inmediatamente se monta un andamiaje burocrático que no permite que ese recurso llegue a la gente. Llega menos de la mitad, hay peajes de punteros. Que nunca más un pobre tenga que salir a mendigar en el despacho de ningún funcionario un certificado de pobre”, disparó Carca.
En su discurso, la presidenta aseguró que de los 12.400.000 jóvenes menores de 18 años, “6 millones, o sea casi la mitad, están cubiertos porque sus padres son asalariados, tienen trabajo directo y tienen asignación familiar, o bien porque su padre gana más de $ 4.800 tienen obviamente cobertura; del resto de los jóvenes, 3 millones y medio están con cobertura indirecta a partir de todos estos programas que demandan los 10.200 millones de pesos, pero hay sin cobertura en el país, menores de 18 años, 2.868.713 jóvenes”. Ahí hay números interesantes para medir cuántos chicos se ven afectados por planes sociales que tienen que conseguir, muchas veces, rindiendo cuentas a un puntero político.
Lozano admite la viabilidad doble de reasignar partidas de planes sociales a la asignación universal por hijo –generar recursos y eliminar el clientelismo-, pero advierte que enfocarse ahí puede ser una traba para el proyecto que entiende como urgente.
“La diferencia en el planteo nuestro y el de la Coalición es que ellos quieren desmontar todo el sistema de asignaciones familiares, cuestión que a nosotros nos parece más compleja. Nosotros planteamos extender al conjunto la categoría mínima vigente en el sistema, de 135 pesos, y a partir de ahí empezar a plantear el incremento hasta llegar a los 300 pesos, que acabaría con el hambre en Argentina”. Es decir, generar recursos para cubrir los 135 pesos y, de a poco, ir dando vueltas los planes sociales para el lado de este beneficio hasta llegar a los 300.
En cambio, el diputado de Proyecto Sur propone poner la mira en los subsidios. “Cristina misma dijo que para garantizar 135 pesos por hijo se necesitan 6.900 millones de pesos. ¿Si paga eso en subsidios por qué no los pueda pagar? Usaron reservas para pagar deuda pública…así que no es que no hay recursos, son distintas prioridades”, opinó, subrayando los millones pagados de esta forma “a las grandes empresas del país”.
Redistribución
La crítica más rápida que surge a un plan que entrega el mismo beneficio de forma universal, es decir, tanto a los hijos de ricos como de pobres, es si verdaderamente se trata de un proyecto que favorece la mellada redistribución del ingreso.
Según Carca, en primer lugar, si bien los hijos de los ricos también cobrarían esta asignación “los papás de los chicos ricos tendrían una modificación en la exención por hijo del Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, señala que “es redistributivo porque las familias con hijos del sector económicamente activo más alto son las que tienen menos hijos. Los pobres son los que tienen más chicos. En síntesis: la mayoría de los pobres son chicos y la mayoría de los chicos son pobres”. Y sigue: “Esto da una primera definición que permite asegurar que no te equivocás porque el mayor beneficio lo tienen los sectores más pobres, porque tienen más hijos. Esto daría también impulso a las provincias menos desarrolladas. El promedio en Capital es de 2,6 integrantes por familia, mientras que en una provincia como Chaco es de 6,7”.
Lozano coincide aquí también: “Esto garantiza un ingreso común a todos los pibes del país, con independencia de la cuna o la región donde hayan nacido. Está claro que si el promedio de la Argentina es de un chico por hogar, en el hogar pobre es más de dos y en el indigente más de tres, claramente vas a concentrar los ingresos en los hogares más postergados”.
Estrategia “tapón”
“El oficialismo tiene una estrategia tapón, que es el proyecto de Recalde, que lo que hace es extender la asignación sólo a los hijos de los trabajadores registrados no registrados, lo cual tiene un doble problema: Es profundamente discriminador, porque no queda claro por qué un trabajador no registrado percibe eso y no uno desocupado; y coloca al trabajador no registrado en el lugar del inspector que denuncia la irregularidad laboral, por lo cual van a ser muy pocos los que vayan a percibir esto porque nadie va a arriesgar su trabajo para percibir eso”, avanzó Lozano con preocupación.
Carca también lo cuestionó: «Ese proyecto está más enfocado en atacar el problema del trabajo en negro que en resolver el tema de la pobreza. No tiene nada que ver con la iniciativa que estamos presentado hoy».
Fuente:lapoliticaonline.com
