Nuestro trabajo es el que permite y garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas de Tierra del Fuego el acceso a sus derechos. Porque somos los trabajadores de la salud que estuvimos en la primera línea de fuego desde el día uno de la pandemia; los Entes de la Administración Central; las y los trabajadores Municipales, somos los auxiliares de la educación, las fuerzas de seguridad. Somos el motor que materializa el servicio que el Estado brinda. Y a todas las desavenencias que implica ser trabajadoras y trabajadores del Estado provincial y municipal con falta de recursos y elementos de trabajo, sumamos ver día a día como las prestaciones que deberían estar garantizadas por nuestra obra social se van diluyendo en el universo de las deudas y el amiguismo. Los profesionales que aun sostienen la cobertura no dan abasto ante la enorme demanda, las prácticas específicas cada vez son menos, peregrinaciones por farmacias para conseguir un medicamento y las complicaciones que se presentan a la hora de atender nuestra salud, sin dejar de mencionar la angustia que genera saber que no solo debemos cuidarnos del COVID, sino que en caso de atravesar una situación complicada de salud, estaríamos librados a nuestra suerte y la buena voluntad de las trabajadoras y trabajadores del OSEF.
Es intolerable escuchar al Gobernador decir textualmente que está dispuesto a “romperles la cabeza a los trabajadores de la obra social que entorpezcan” por no cumplir obediencia de vida, apañando a los históricos mercaderes de la salud, garantizando la continuidad de facturación de cifras millonarias a manos de una designación de un CEOS de los monopolios de la salud privada y permitiendo con total discrecionalidad el manejo de la obra social y sus fondos. Esto nos aclara de qué lado ha decidido ubicarse y diluye su imagen de pastorcito misericordioso.
No estamos dispuestos a aceptar que nos tilden de “insensibles” o se pretenda politizar los justos reclamos por una prestación digna para todos los trabajadores estatales y los jubilados de nuestra provincia. No aceptamos seguir escuchando mentiras y justificaciones mientras vemos nuestra farmacia vacía, la óptica no alcanza a cubrir las demandas y el servicio de odontología es cada vez más precario. No podemos permitir que nuestros compañeros jubilados deambulen con las recetas de farmacia en farmacia sufriendo el deterioro de su salud después de toda una vida de aportes. No vamos a seguir tolerando la burla constante que significa que un gerente de una clínica privada continúe tomando decisiones arbitrarias en favor de sus socios en desmedro de nuestros aportes. Exigimos la inmediata modificación de la ley 1071, permitiendo a los trabajadores y jubilados recuperar la voz y el voto a la hora de la toma de decisiones para volver a contar con el servicio de excelencia que alguna vez supimos tener cuando nuestra Obra Social era representada y administrada por las y los Trabajadores.
ANUSATE RÍO GRANDE
Prensa y Difusión
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