El referido proyecto tiene una incidencia decisiva para el desarrollo económico de Tierra del Fuego ya que, como es de público conocimiento, ataca de lleno uno de los factores negativos que conspiran contra la industria instalada en la provincia y sus posibilidades de expansión, cual es la importación de productos básicamente electrónicos que ha registrado, a los ritmos de la crisis internacional, un desmesurado incremento, lo cual atenta contra los bienes que se fabrican en nuestra jurisdicción.
El dilema que pretende resolver el referido proyecto es la cuestión central de los desafíos que se le abre a nuestro país y, en particular, a nuestra provincia. O importamos o fabricamos. Ese es el punto central que constituye el tono conceptual de la ley que hoy se encuentra en tratamiento en el Congreso.
Mas aún, es necesario advertir que la crisis internacional ha producido efectos distorsivos de los precios de productos con alto valor agregado, entre los que se encuentran los que se fabrican en la Provincia. Estos productos, a precios muchas veces subvaluados, ya que las fábricas que los producen están sobre stockeadas; recalan en los países emergentes y produce el desmantelamiento paulatino de nuestros parques industriales.
A modo de ejemplo es dable señalar que en el último año, la balanza de pagos de nuestro país confirma holgadamente esta tendencia importadora. En el rubro electrónico la importación de productos supera los cinco mil millones de dólares. Imaginémonos, por un instante, la cantidad de trabajo desplazado por esta vorágine.
La crisis que atraviesa la industria de Tierra del Fuego es la manifestación cercana de esta verdadera pandemia la cual revierte en un altísimo costo social que hace sentir sus efectos sobre nuestros trabajadores, principalmente del sector metalúrgico. Los datos estadísticos desnudan un cuadro extremadamente crítico ya que en términos anuales la caída de la producción se estima en el sesenta por ciento y las pérdidas laborales en no menos del 20.
Pero además, y lo que no resulta ocioso tener en cuenta, es que las ciudades de una fuerte concentración industrial, como es la ciudad de Río Grande, ingresan en situaciones de recesión generalizada por la incertidumbre sobre el futuro de las fuentes de trabajo.
Desde estas consideraciones preocupantes es preciso subrayar que las medidas propuestas en el proyecto de ley, las cuales básicamente se circunscriben a incrementar la presión sobre los derechos de importación de los productos electrónicos, no es una medida aislada. Por el contrario. La misma se encuentra en consonancia con Brasil, que ha tomado medidas similares para proteger su producción y, en especial, la proveniente de la Zona Franca de Manaos que, al igual que la de Tierra del Fuego, son las dos únicas regiones promocionadas fiscalmente en el MERCOSUR para generar el marco competitivo para la sustitución de importaciones.
En síntesis, nos encontramos frente a un proyecto de “ley llave” ya que de su aprobación se desprende el marco jurídico que permitirá la protección de nuestra producción y con ello una nueva perspectiva para el desarrollo industrial de nuestra provincia que hoy se encuentra en una situación de franco retroceso.
No queremos pasar por alto, en esta breve síntesis, que otro de los problemas asociado a ésta cuestión es el abuso en la determinación de los precios como consecuencia de la concentración de las importaciones, justamente por no existir o no estar suficientemente desarrollada nuestra industria. Desde la perspectiva de los precios internos es necesario tener en cuenta que en la medida en que no se consolide la producción local el consumo de esos bienes quedarán irremediablemente sujetos a la posición dominante de quienes traen esos productos del exterior.
Es dable rescatar, como se señaló al principio, el trabajo conjunto de los Diputados y Senadores de Tierra del Fuego que interpretaron cabalmente el enorme desafío que supone la aprobación de ésta ley ya que no son pocos los factores de poder que pretenden defender con uñas y dientes el amplio margen de ganancias que se traduce en riqueza fácil para importadores y crisis social para nuestros trabajadores.
Por último, la posición unívoca de los parlamentarios ha permitido dejar absolutamente en claro que la Ley 19640 presupone el instrumento básico para el desarrollo de una política industrial sustentable que, incluso, por su trascendencia, constituye un pacto preexistente a la provincialización celebrado, allá por la década del ochenta, entre todos los actores sociales de Tierra del Fuego. Es por ello que la naturaleza del desafío trasciende las fronteras del mosaico político provincial lo cual ha quedado reflejado, una vez más, en el gesto amplio y generoso de los Diputados y Senadores que representan nuestro pueblo.
USHUAIA, 02 DEJUNIO DE 2009.-
JUAN CARLOS ARCANDO
SECRETARIO DE PRENSA
PARTIDO JUSTICIALISTA
