El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, informó que desde el Ejecutivo se propuso el pasado viernes a la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado, la posibilidad de que los agentes del escalafón seco que no perciben ningún tipo de plus salarial puedan acceder a licencias extraordinarias a la reducción en una hora de su jornada laboral, como una alternativa para lograr destrabar el conflicto.
Aramburu detalló que la propuesta “sólo contempla al personal del escalafón seco que no percibe ningún tipo de adicional, comprendiendo a las dos categorías esenciales de la administración pública, POMyS y PAyT”, abarcando unas 1400 personas que prestan servicios dentro y fuera de la Casa de Gobierno.
El funcionario reconoció que dichos agentes “cobran mucho menos” que otros empleados del Estado, a raíz de que gestiones anteriores han otorgado adicionales y plus a distintas áreas “generando diferencias entre la gente que lleva a cabo la misma tarea”.
Por ello, consideró que el ofrecimiento de reducir en una hora la jornada laboral y la posibilidad de acceder a licencias extraordinarias antes del 1 de julio permitirían “compensar” la inequidad salarial respecto a otros sectores, habida cuenta de la imposibilidad del Ejecutivo para poder afrontar una recomposición.
No obstante, Aramburu adelantó que en la propuesta también se contempla que “a partir del 1 de julio, se realicen reuniones en comisión para determinar cómo se llevará a cabo el reajuste escalafonario de este sector, que es el más postergado de la administración publica”.
El titular de la Cartera aseguró que el ofrecimiento realizado a ATE es una muestra “de la buena voluntad y buena fe negocial del Gobierno”, ratificando en este sentido que “nos hemos puesto a disposición no sólo al gremio, si no también del sector trabajador, porque se ha mantenido diálogo con ambas partes”, y que se espera una respuesta “en los próximos días”.
Finalmente, el funcionario evaluó que “hay un elemento común en todos los conflictos gremiales, y a su vez elementos particulares de cada sector, pero el reclamo pasa básicamente por un incremento salarial”, demanda que para el Ejecutivo es “inviable” de satisfacer “en función de la ecuación de caja que hoy tiene la administración pública provincial y de la responsabilidad que tiene esta gestión de entender que el dinero no es del empleador, sino que es de todos”.
