Y lo hizo, al rechazar el planteo que le presentara el Gobierno de entonces, que solicitó, a dicho órgano superior del poder político provincial, corazón de la soberanía popular fueguina, se expida, declarando la invalidez de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que violaba aquella Ley que nos provincializó y por la que dicho cuerpo, había obtenido su conformación y tenía mandato. ¿Por qué?
Cuando el entonces Presidente Menem decreta la destitución del Gobernador del momento, lo hizo, primero: en contra de la ley y contra la autoridad de la Convención que a la sazón, estaba ejerciendo su mandato gracias a la ley violada por el Poder Central y segundo: sin tener capacidad para ejecutar dicha medida ya que, por aquella Ley, no estaba autorizado para realizar tal acto, por la superior razón siguiente: habíamos dejado de ser un Territorio y el Poder Ejecutivo Nacional, perdido su potestad para designar y remover a sus gobernantes.
Al crearse la Provincia el 26 de abril de 1990, se extinguió el anterior Territorio Nacional, quiere decir, desapareció jurídica y políticamente. Va de suyo que, en la pirámide jurídica, un decreto es una norma de menor jerarquía que una ley, y por lo tanto, mucho menos puede tener un alcance, que choque e infrinja el texto de la misma, en este caso, el artículo 3º de la Ley que nos dio origen.
Veamos por qué lo antedicho. Como la nueva entidad creada, no posee todavía su Constitución ni dado forma, ni elegido su Gobierno, es lógico que el Congreso Nacional, haya previsto los pasos a seguir en el mientras tanto, garantizando además, la continuidad político administrativa de la jurisdicción. Y lo hace apropiadamente, mediante lo que establece la misma Ley 23.775 que adquiere así, la altura de una verdadera constitución provisoria, convocando primero al Pueblo Fueguino a la elección de un cuerpo determinado de gobierno que, represente ese Poder Soberano dentro de la Provincia, dándole precisas instrucciones filosóficas y políticas de cómo y en que dirección cumplir ese mandato y transformando, en autoridad provincial, al gobierno (no electo) en ejercicio, en el anterior Territorio Nacional, prorrogando su mandato en la nueva provincia, tal como lo prescribe su “ARTICULO 3. : En la nueva provincia, las autoridades locales con cargos no electivos continuarán en las mismas funciones hasta tanto sean reemplazadas por las que se constituyan conforme a lo previsto en la Constitución provincial a dictarse.”
Al no plantarse, en ejercicio del Derecho Provincial que le correspondía, rechazando la orden de Menem, la Convención, que elegimos de acuerdo con la Ley, no la defendió. Procedió, dando origen a una paradoja histórica, cuando asumió que: la Provincia, solo existía en el recinto de la antigua Legislatura, donde ella sesionaba, mientras que en el edificio de la calle San Martín, sede del Gobierno de los Fueguinos, todavía éramos un Territorio Nacional. ¡Insólito!
Si los que llevamos adelante nuestra Provincialización, de Malvinas y del resto de nuestras islas y mares circundantes; de la Antártida Argentina y de todas las riquezas humanas y materiales involucradas, con los intereses en juego, tanto locales como nacionales e internacionales, hubiésemos actuado de la misma manera, hoy seguiríamos siendo un miserable Territorio Nacional.
Para concluir. Si bien el hecho histórico relatado fué irreversible “realidad”, contra lo que era Justo, el futuro de nuestra Provincia de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, esta abierto para que, el Pueblo, logre imponer en nuestro suelo fueguino, el poder de la Verdad y la Justicia, para construir más dignidad y grandeza en la Patria.
C. Martín Torres
Diputado Nacional (mc)
Ex Gobernador Fueguino
