Buenos Aires. Ganar la iniciativa política. Esa fue la decisión que adoptó el Gobierno nacional ayer, después de que el fiscal federal Federico Delgado resolvió impulsar una investigación sobre el presidente Mauricio Macri a raíz de las dos sociedades offshore en las que tuvo participación.
La estrategia gubernamental consistirá en la presentación hoy de un pedido de declaración de certeza en la Justicia civil para que verifique que el Presidente dijo la verdad en sus declaraciones juradas al no incluir en ellas su relación con las sociedades Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA, que quedaron al descubierto por la denuncia de los Panamá Papers, la primera, y por información surgida de la base de datos Opencorporates, la segunda.
Macri también decidió adelantar anuncios que venía preparando:
Uno. El Presidente depositará su patrimonio en un fideicomiso ciego. Básicamente, eso consiste en poner todos los bienes de una persona en un fideicomiso cuya administración se confía por completo a terceros, de manera de separar la gestión y la propiedad de esos bienes. Será la primera vez que un presidente tome esta decisión.
Dos. Macri también enviará al Congreso un proyecto de ley sobre acceso a la información que permitirá a cualquier ciudadano contar con datos en un plazo perentorio acerca de los bienes de los funcionarios del Estado nacional.
El acto presidencial de ayer duró apenas nueve minutos en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que sólo estuvo ocupado en menos de la mitad (unas 60 sillas) por invitados de ONG relacionadas con la transparencia, como Cippec y Fopea, además del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Justicia, Germán Garavano; del Interior, Rogelio Frigerio; de Cultura, Pablo Avelutto y de Modernización, Andrés Ibarra.
La estrategia de pedir una declaración de certeza ante la Justicia civil apunta a tomar la iniciativa política, ante los tiempos que acostumbra tomarse el fuero federal, en este caso la resolución que debe tomar el juez Sebastián Cassanello de aceptar o no la investigación que solicitó el fiscal Delgado.
Por eso, Macri resolvió solicitarle a la Justicia civil que declare ciertos precisamente los dos requerimientos hechos por Delgado: que no hubo una “omisión maliciosa” por parte de Macri al no incluir en sus declaraciones juradas las dos sociedadesoffshore y que no tuvo relación ni beneficio alguno de ellas.
“Mañana me voy a estar presentando ante la Justicia civil para pedir una declaración de certeza, para que un juez verifique que lo que he dicho es verdad”, dijo Macri en el acto.
“Sé que hay alguna gente preocupada por esta denuncia de los Panamá Papers, que ha salido a la luz y me ha involucrado. Estoy muy tranquilo, he cumplido con la ley, he informado la verdad y no tengo nada que ocultar”, dijo.
E insistió en que “no ha habido ninguna omisión maliciosa” en su declaración jurada de 2007, cuando inició su gestión como jefe de Gobierno porteño. “Y estoy a disposición de cualquier otro juez para verificar esto que estoy diciendo”, remarcó.
Después del acto, el ministro de Justicia dijo, ante una pregunta de este corresponsal, que el pedido a la Justicia civil será para que “certifique que el Presidente desconocía que esas sociedades habían sido formadas por su padre”, aun cuando en el caso de Fleg el jefe del Estado haya sido su director.
También para que ratifique que “no era pertinente que las incluyera en sus declaraciones juradas porque no tenían ninguna significación económica respecto de su patrimonio”.
“El Presidente no tiene nada que ocultar”, insistió Garavano, quien afirmó además que el Gobierno “no va a valorar ni a criticar” la decisión del fiscal Delgado ni la consecuente resolución que pueda tomar el juez Cassanello.
Puertas adentro, sin embargo, la decisión del fiscal de abrir la investigación causó malestar, aun cuando cerca de Macri dijeron que era previsible por tratarse de Delgado.
“Es Delgado. No es favorable”, fue el comentario que le hizo el Presidente a Iván Pavlovsky cuando su histórico vocero le comunicó la novedad, alrededor de las 11, cuando aterrizaban en el aeropuerto de Posadas.
Allí, durante el acto que encabezó, Macri eludió hacer referencia alguna de la acusación fiscal en su contra.
Sin precedentes
Desde que se retomó el sistema democrático, en 1983, no hay registros de que un presidente haya recibido una imputación penal a menos de cuatro meses de iniciada su gestión.
