En primer término, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dra. María del Carmen Battaini, detalló junto a su equipo técnico los alcances de las partidas previstas para el próximo ejercicio.
Entre los puntos principales, mencionaron las obras de infraestructura a ejecutar, los ingresos propios y la puesta en marcha de la Fiscalía en Tolhuin. Además, informaron que la planta de personal asciende a 969 cargos en total.
Por su parte, el titular de la OSEF, Gustavo García, defendió el presupuesto del organismo acompañado por el directorio y su equipo técnico.
Con el foco puesto en fortalecer las prestaciones médicas, potenciar la farmacia propia y reducir el déficit histórico, el funcionario advirtió sobre la crisis global que afecta a los financiadores de salud y el aumento de los costos en medicamentos de alta complejidad y tecnología médica por encima de la inflación general.
En esta línea, García subrayó que el objetivo central es cuidar a cada afiliado optimizando los recursos para lograr una obra social sostenible.
Aseguró que se trata de “un presupuesto con la gente adentro”, orientado a anticiparse a las problemáticas sanitarias, promover hábitos saludables y garantizar que la asistencia llegue de manera eficiente a los sectores más vulnerables.
Luego fue el turno de la ministra de Energía, Gabriela Castillo, quien repasó las acciones de control, fiscalización y monitoreo de la actividad hidrocarburífera, además de detallar los volúmenes de crudo exportados.
Entre los objetivos de gestión, enumeró los incentivos para la explotación convencional y no convencional, el seguimiento del saneamiento ambiental, el abandono de pozos y la implementación de software especializado para monitorear la producción y la inyección de gas en tiempo real.
Asimismo, precisó que los ingresos previsibles del sector provendrán de regalías, cánones de explotación y exploración, tasas por certificados de origen y de fiscalización.
Finalmente, expusieron las autoridades del Ministerio de Educación.
El titular de la cartera, Pablo Silva, informó que el sistema provincial abarca a más de 51.000 estudiantes en todos los niveles y modalidades (pública y privada), distribuidos en 171 instituciones, con una planta de 9.240 docentes y equipos de gabinete, y 1.481 agentes no docentes (POMyS y PAyT).
Entre los ejes de gestión, Silva destacó la cobertura en salas de 2 y 3 años, el despliegue del programa Aprendo en mi barrio en 30 sedes, los espacios de cuidado vespertino y la continuidad de Yo, sí puedo y primaria intensiva. También ponderó iniciativas como el Foro Estudiantil, Voto Joven, los talleres de Educación sexual integral (ESI), los talleres artísticos itinerantes y las nueve ediciones del Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur. En materia alimentaria precisó que la copa de leche alcanza diariamente a 34.072 estudiantes, mientras que los comedores escolares asisten a 10.430 alumnos en 48 establecimientos.
Posteriormente, los responsables de las seis secretarías precisaron las líneas de trabajo de cada área. Al cierre, el ministro valoró el rol educativo en la provincia: “Lo mejor que tiene Tierra del Fuego es el bachillerato popular.
Resaltó el trabajo de todo el personal docente, porque dan respuestas a nuestros adultos y adultos con discapacidad, ocupando espacios comunitarios”.
Desde la cartera también detallaron que la provincia cuenta con 136 edificios escolares equipados con 179 calderas y equipos de aire.
Participaron del encuentro las legisladoras Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA) y Myriam Martínez (FORJA), junto a los legisladores Federico Greve (FORJA), Federico Sciurano (UCR), Luciano Selzer (LLA), Juan Carlos Pino (PJ), Matías Lapadula (PG), Jorge Lechman (SF) y Damián Löffler (MPF). La legisladora María Victoria Vuoto (PJ) participó de manera remota.
Los $144.845 millones que solicita el Poder Judicial de Tierra del Fuego para 2027 parecen una cifra menor frente a provincias grandes, pero cuando se analiza en relación con la población y el peso dentro del presupuesto provincial, el dato adquiere otra dimensión.
Comparación con otras provincias
| Provincia | Presupuesto Judicial |
|---|---|
| Tierra del Fuego | $144.845 millones (2027) |
| Mendoza | $233.708 millones (2027) |
| Nación (Justicia Federal) | $2,135 billones (2026) |
El dato que cambia la lectura
El propio Superior Tribunal informó que esos $144.845 millones representan el 5,28% del presupuesto total de Tierra del Fuego, una proporción que, según sus autoridades, se mantiene en línea con ejercicios anteriores.
Si se compara con la Provincia de Buenos Aires, distintos estudios sobre la asignación judicial muestran que el Poder Judicial bonaerense viene representando entre el 3,7% y 4% del presupuesto total provincial en los últimos años.
Presupuesto por habitante
Aquí aparece una diferencia significativa.
- Tierra del Fuego tiene poco más de 190.000 habitantes.
- Mendoza supera los 2 millones de habitantes.
Con un presupuesto judicial de $144.845 millones, Tierra del Fuego destinaría alrededor de $760.000 por habitante al funcionamiento de la Justicia.
En Mendoza, con $233.708 millones y una población superior a los 2 millones de habitantes, la relación se ubicaría cerca de $115.000 por habitante.
Esto significa que, en términos per cápita, la Justicia fueguina dispondría de aproximadamente seis a siete veces más recursos por habitante que la mendocina.
Algunas particularidades fueguinas
La Justicia provincial justificó el pedido presupuestario en:
- Modernización tecnológica.
- Seguridad informática.
- Construcción de un edificio para Fiscalía y Defensoría en Tolhuín.
- Apertura de una sede judicial en Almanza.
- Refacciones edilicias y adquisición de inmuebles propios.
