El contrabando, la subfacturación y la venta ilegal se convirtieron en una amenaza estructural para el comercio formal argentino. La mercadería que ingresa al país sin cumplir las normas aduaneras e impositivas alimenta circuitos de comercialización informal, perjudica a las empresas que pagan impuestos y pone en riesgo el empleo registrado.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) llevó esta preocupación a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, donde expuso las consecuencias económicas de un fenómeno que, según la entidad, dejó de ser marginal y requiere una respuesta coordinada del Estado.
El diagnóstico es contundente. Según el informe Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina, elaborado en octubre de 2026 por MAP Latam con aportes de la CAC, Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el ranking de comercio ilícito sectorial de TRACIT y el puesto 16 entre 193 naciones en el índice de criminalidad asociada a bienes gravados de GI-TOC.
Los indicadores reflejan distintas dimensiones de un problema que afecta tanto a la actividad empresarial como a la recaudación tributaria y las condiciones de competencia.
«Nace sin factura y queda toda la vida en negro»: la advertencia de la CAC
Durante su presentación ante los legisladores, la CAC alertó sobre la naturalización del ingreso irregular de mercadería y la facilidad con la que pueden encontrarse ofertas vinculadas al contrabando en internet.
«Se ha naturalizado una situación de total alevosía: hoy el ingreso ilegal de mercadería ocurre a la vista de todos, sin que se lo perciba como un delito», advirtió uno de los directores de la entidad.
El dirigente puso como ejemplo la posibilidad de encontrar públicamente, en redes sociales, contactos que ofrecen ingresar productos desde Ciudad del Este sin cumplir los procedimientos legales correspondientes.
- Pero el problema no termina en la frontera. Para la entidad, el verdadero impacto se produce cuando esa mercadería comienza a circular por los distintos eslabones de la economía.
«Cuando un producto entra de contrabando, arrastra toda una cadena de ilegalidad hacia abajo: nace sin factura y queda toda la vida en negro, sin pagar ningún impuesto y fomentando el empleo no registrado», sostuvo.
Según explicó, esa dinámica perjudica a los comercios que cumplen sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias, porque deben competir con vendedores que operan con estructuras de costos artificialmente reducidas por el incumplimiento de la ley.
El resultado, según la CAC, es una competencia desleal que desalienta la inversión, debilita a las empresas formales y dificulta la generación de puestos de trabajo registrados.
El costo millonario del contrabando: menos recaudación y miles de empleos en riesgo
La dimensión económica del problema es considerable. De acuerdo con el informe de MAP Latam publicado por El Economista, el contrabando y la subfacturación provocarían pérdidas fiscales por US$ 2.855 millones durante 2026, equivalentes aproximadamente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
La investigación también estima que estas prácticas impiden la generación de 11.300 empleos formales en siete sectores económicos donde fue posible cuantificar su impacto.
El fenómeno afecta especialmente a determinadas actividades industriales y comerciales. En la industria textil, por ejemplo, los empresarios vienen advirtiendo que el ingreso irregular de mercadería agrava las dificultades provocadas por la caída del consumo y la competencia importadora.
La CAC considera que, sin controles eficaces, las empresas que operan dentro de la legalidad quedan expuestas a una desventaja competitiva que limita sus posibilidades de crecimiento.
Venta ilegal en CABA: cayó 28,6% en un año, pero persisten focos de informalidad
El último relevamiento del Observatorio de Comercio y Servicios de la CAC muestra, sin embargo, una evolución favorable en uno de los segmentos de la informalidad: la venta ilegal callejera.
Durante octubre de 2026 se identificaron 95 puestos de venta ilegal en las áreas relevadas de la Ciudad de Buenos Aires, una disminución del 9,5% respecto de septiembre y del 28,6% frente al mismo mes del año anterior.
El relevamiento, realizado entre el 1° y el 30 de octubre, identificó 24 puestos en calles, avenidas y peatonales, mientras que los otros 71 estaban ubicados en estaciones y plazas.
- Las principales concentraciones se registraron en la estación Once de Septiembre, con 38 puestos, y Constitución, con 31. Entre las calles y avenidas, la mayor actividad se observó en Perú, que concentró 18 puestos.
Por rubros, alimentos y bebidas representaron el 71,7% de la venta ilegal callejera relevada, seguidos por artesanías, con el 19,2%, y artículos domésticos, con el 4%.
Otro dato significativo fue que no se detectaron falsificaciones individuales de marcas o derechos de propiedad intelectual en las zonas inspeccionadas durante octubre.
En La Plata, por su parte, la entidad no identificó puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales incluidas en el relevamiento.
Estos resultados muestran una reducción de la actividad informal visible en los espacios públicos examinados. Sin embargo, la medición no contempla la totalidad del comercio ilegal del país ni permite establecer qué ocurre con las transacciones realizadas por internet.
Del comercio callejero a las redes sociales: el nuevo desafío
Uno de los principales focos de preocupación de la CAC es la comercialización de mercadería irregular a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros canales digitales informales.
La entidad advierte que, a diferencia de los puestos instalados en la vía pública, estas operaciones pueden resultar más difíciles de detectar y fiscalizar, especialmente cuando los productos carecen de documentación respaldatoria y trazabilidad.
En este contexto, la CAC destacó como un avance los acuerdos impulsados recientemente por el Gobierno nacional junto con cámaras empresariales y plataformas digitales para facilitar el intercambio de información y detectar ofertas de productos ingresados irregularmente al país.
No obstante, subrayó que estas iniciativas deben complementarse con controles aduaneros eficaces en las fronteras, mecanismos de fiscalización y acciones coordinadas contra las redes de comercialización ilegal.
La discusión adquiere especial relevancia porque la reducción de los puestos callejeros no necesariamente implica una disminución equivalente del contrabando o de la informalidad comercial en su conjunto.
El reclamo al Congreso: competencia leal para proteger a las empresas
Ante los diputados, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios planteó la necesidad de abordar el comercio ilícito como un problema económico estructural y no únicamente como una cuestión de fiscalización de vendedores informales.
Para la entidad, combatir el contrabando y la subfacturación es indispensable para proteger a las empresas que cumplen la ley, preservar los ingresos tributarios y promover condiciones que favorezcan la inversión y el empleo registrado.
La advertencia llega en un contexto en el que distintos sectores productivos reclaman medidas frente a la competencia desleal vinculada al contrabando y la subfacturación.
El mensaje de la CAC es claro: mientras una parte de la economía cumpla con sus obligaciones y otra pueda operar por fuera de las reglas, la competencia seguirá siendo desigual y el desarrollo de las empresas formales continuará condicionado.
Fuente: El economista
