El problema no se limita a la falta de vuelos. Los pasajes de la línea de bandera superan el millón de pesos por tramo, y la única alternativa es viajar primero a Buenos Aires y desde allí a Comodoro, lo que implica un costo superior a dos millones de pesos por persona. Para una familia trabajadora, esa cifra es directamente imposible. La urgencia se convierte en impotencia.
Este aislamiento no es casualidad: es consecuencia directa de los recortes del gobierno de Javier Milei, que han desmantelado programas de conectividad y reducido la presencia de vuelos de fomento en todo el país. La Patagonia profunda, y en particular Tierra del Fuego, es la más golpeada. Los ciudadanos de a pie, que no cuentan con medios económicos para afrontar pasajes millonarios, quedan atrapados en la isla. Y aunque los tuvieran, tampoco hay disponibilidad: los vuelos están agotados.
La falta de previsión y de políticas públicas convierte cada invierno en un calvario. No hay vuelos sanitarios, no hay refuerzos programados, no hay coordinación entre Nación y Provincia. El Estado se ausenta y los fueguinos quedan a merced de la geografía y del mercado. La conectividad, que debería ser un derecho básico, se transforma en un privilegio inaccesible.
La situación actual desnuda una contradicción brutal: mientras se habla de “eficiencia” y “austeridad”, la realidad es que la austeridad condena a la incomunicación y la incomunicación condena vidas. Una provincia que no puede garantizar la salida de sus ciudadanos ante una emergencia no tiene soberanía efectiva ni política pública real.
Hoy, una familia que no puede llegar a Comodoro Rivadavia para acompañar a un ser querido en terapia intensiva es el símbolo de un país que abandona a sus provincias más australes. El aislamiento no es solo geográfico: es político, es económico y es social. Tierra del Fuego está atrapada, y sus habitantes también.
