La controversia entre el Gobierno nacional y la Provincia de Tierra del Fuego por la intervención del Puerto de Ushuaia atraviesa una etapa clave. Luego de varios meses de tensión política y administrativa, el conflicto quedó concentrado en el ámbito judicial, donde se tramitan dos procesos que serán determinantes para establecer el alcance de las competencias de cada jurisdicción sobre uno de los puertos estratégicos del país.
La discusión se originó en enero de este año, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la suspensión por 12 meses de la habilitación portuaria y avanzó con una ‘intervención administrativa’ sobre la infraestructura y la operatoria del puerto de la capital fueguina. El organismo nacional fundamentó la medida en presuntas irregularidades administrativas, financieras y operativas que, según sostuvo, hacían necesaria una reorganización integral para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y funcionamiento.
La decisión fue rechazada de inmediato por el Gobierno de Tierra del Fuego, que consideró que la Nación había excedido sus atribuciones al intervenir sobre un puerto administrado por la Dirección Provincial de Puertos. Desde entonces, el eje de la controversia dejó de ser exclusivamente política para trasladarse a los tribunales.
Cautelar rechazada
Actualmente existen dos procesos judiciales en marcha que concentran la atención de ambas administraciones y cuya resolución será determinante para el futuro de la administración portuaria.
Por un lado, la Provincia promovió una acción judicial cuestionando la constitucionalidad de la intervención nacional y solicitando que se declare la invalidez de la resolución dictada por la ANPyN. En esa presentación sostiene que la medida vulnera la autonomía provincial y desconoce las competencias que la Constitución Nacional y el régimen de administración portuaria reconocen a Tierra del Fuego.
En forma paralela, la Dirección Provincial de Puertos inició una segunda demanda específicamente dirigida contra los actos administrativos que dieron origen a la intervención, planteando además la necesidad de suspender sus efectos mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La Justicia Federal de Ushuaia rechazó la medida cautelar solicitada por la Provincia para dejar sin efecto la intervención mientras avanza el proceso principal. Esa resolución marcó un punto de inflexión porque consolidó el traslado de la disputa al plano estrictamente judicial.
Dos acciones en trámite
Desde entonces, las actuaciones avanzaron por distintos carriles procesales y hoy parte del conflicto se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras otras cuestiones continúan su trámite en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.
La Provincia solicitó a la cúpula del Poder Judicial que declare la inconstitucionalidad de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
En tanto, el expediente de Comodoro Rivadavia deriva de las actuaciones iniciadas ante el Juzgado Federal de Ushuaia para obtener una tutela judicial urgente frente a la resolución. Es decir, allí no se discute la cuestión constitucional de fondo, que quedó reservada para la Corte, sino las decisiones adoptadas por el juez federal durante la tramitación inicial del caso, entre ellas el rechazo de las medidas cautelares solicitadas por la Provincia y otras cuestiones procesales propias del expediente.
Componente político
Más allá del debate jurídico, el expediente tiene una importancia institucional y económica significativa. El Puerto de Ushuaia representa una infraestructura estratégica para el desarrollo fueguino, al concentrar la actividad vinculada al turismo antártico, la logística marítima, la pesca y buena parte del movimiento comercial del extremo sur argentino.
A nadie escapa el componente político del conflicto, la administración libertaria de Javier Milei fundamentó la intervención en presuntos hechos de corrupción por parte de la conducción portuaria provincial del gobernador Gustavo Melella de extracción kirchnerista y fuertemente crítico de las políticas de la Casa Rosada.
Desembarques pesqueros
En lo que refiere a la actividad pesquera, Tierra del Fuego se ubica cuarta entre las cinco provincias con litoral marítimo, en cuanto a desembarques pesqueros, solo por delante de Río Negro.
En lo que va del año 2026, en Ushuaia se contabilizan descargas de capturas pesqueras por 16.439 toneladas; la composición es de 7.872 toneladas de polaca; 3.141 toneladas de merluza de cola; 1.952 toneladas de merluza negra; 1.359 toneladas de calamar; 548 toneladas de merluza hubbsi y 213 toneladas de merluza austral.
Al repasarse la estadística de desembarques marítimos, el puerto de Ushuaia recibió en 2025 un total de 25.411 toneladas; mientras que en 2024 había sido de 33.291; en tanto, en 2023 se computaron 29.999 toneladas y en 2022 alcanzó a 41.861 toneladas. Los mejores registros de desembarques de la década los tuvieron en 2021 cuando se declararon descargas pesqueras por 49.645 y en 2020 por 49.666 toneladas. Es decir, el doble de lo que se desembarcó el año pasado.
Fuente: Revista puerto.
