La Defensoría Pública Federal comenzó a intervenir por los cortes del suministro de gas natural registrados en Tolhuin, donde alrededor de 150 familias permanecen afectadas desde el inicio del invierno. El organismo analiza la posibilidad de impulsar una acción judicial colectiva mientras reúne información sobre los casos y reclama explicaciones a la empresa prestadora y al ente regulador.
Recordemos que el fallido amparo colectivo que encabezaba el propio gobernador Gustavo Melella llevo al gobierno provincial al abandono del reclamo por el fallo judicial lo que pone un antecedente sumamnete negativo ya que se equivocó la hoja de ruta del reclamo en el que «No se siguió alimentando desde la provincia» y fue descartado.
Agustín Ciolfi, defensor público coadyuvante y actual responsable de la Defensoría Pública Federal durante la licencia del titular de la dependencia, José Bongiovanni, explicó que la actuación comenzó tras una reunión mantenida con el intendente Daniel Harrington y funcionarios municipales, quienes expusieron la situación que atraviesan numerosas familias de la ciudad. “Nos convocaron desde el Municipio de Tolhuin porque están atravesando una situación bastante compleja. Desde fines de mayo hasta ahora hay aproximadamente 150 familias a las que se les cortó el suministro de gas natural. En muchos casos se trata de sectores vulnerables, con adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes oncológicos, menores y familias de bajos recursos”, señaló.
El funcionario sostuvo que el acceso al gas natural constituye un derecho estrechamente vinculado con la salud y con condiciones de vida dignas, especialmente en una provincia con temperaturas extremas durante el invierno. “Cuando hablamos de servicios públicos existe un principio de asequibilidad, fijado por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016, que establece que las tarifas deben guardar relación con la capacidad de pago de los usuarios. No se puede desvincular la realidad económica y social de las familias del acceso a un servicio esencial”, afirmó.
Durante las recorridas realizadas junto a personal del área de Desarrollo Social de Tolhuin, la Defensoría detectó situaciones que exceden el problema económico y comprometen derechos fundamentales. “Encontramos familias donde había menores con problemas respiratorios por falta de calefacción, personas que atraviesan tratamientos oncológicos y adultos mayores sin gas. También detectamos una importante falta de información a los usuarios, una atención presencial muy limitada y notificaciones que muchas veces llegan únicamente por correo electrónico, cuando hay personas que ni siquiera utilizan ese medio”, indicó.
Frente a ese escenario, la Defensoría remitió oficios tanto a Camuzzi Gas del Sur como al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para conocer el alcance de los cortes, los mecanismos de notificación, los planes de financiación disponibles y las medidas adoptadas por la empresa respecto de los usuarios afectados. “Estamos recabando información para evaluar las distintas estrategias, tanto judiciales como extrajudiciales. Queremos reunirnos con Camuzzi, con el ENARGAS y con las autoridades correspondientes para buscar una solución urgente, pero también estamos analizando la viabilidad de una acción de amparo con una medida cautelar que permita restablecer el servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo”, explicó.
Ciolfi aclaró que la eventual presentación judicial requiere reunir previamente elementos que permitan acreditar la situación de cada familia afectada y cumplir con los requisitos procesales exigidos por la Justicia. “No podemos promover una acción únicamente con información periodística o con manifestaciones de terceros. Necesitamos contar con datos precisos, requerir información a la empresa y acreditar cada situación. Una vez cumplida esa etapa, analizaremos junto al doctor Bongiovanni la presentación de una acción colectiva”, sostuvo.
El defensor también consideró que el organismo de control debe asumir un rol activo frente a este tipo de situaciones y anticipó que cualquier estrategia judicial podría extenderse al ENARGAS si se verifican incumplimientos en sus funciones de fiscalización. “También queremos que el organismo de control explique cuál fue su actuación. Si corresponde avanzar judicialmente, esa acción podría comprender no solo a la empresa prestataria sino también al ente encargado de controlar que este tipo de situaciones no se produzcan”, concluyó.
Fuente: Boca de Pozo
