Comenzamos por lo que nos afecta a todos, como cada medida tomada por el gobierno de derecha.
Coparticipación
En el caso de Tierra del Fuego, el impacto es devastador: La provincia sufre los recortes en transferencias y programas nacionales, como se observa en la ejecución presupuestaria de CEPA (con caídas del 97% en cooperación municipal y del 100% en fondos de fortalecimiento fiscal). Se ve obligada a recurrir a adelantos que llegan con intereses, lo que profundiza el ahogo financiero y limita la capacidad de sostener servicios básicos, infraestructura y programas sociales.
Recortes en el Estado nacional
El gasto total de la APN cayó 31% en términos reales respecto a 2023, confirmando un sesgo contractivo del gasto público. Mientras tanto, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en 34%, y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 12% del gasto total, reflejando la prioridad del gobierno en compromisos financieros por sobre políticas sociales.
- Superintendencia de Servicios de Salud: -64%
- Hospitales nacionales: caídas entre -33% y -51%
- Instituto Malbrán: -33%
- ANMAT: -41%
- Secretaría Nacional de Discapacidad: -41%
- INCUCAI: única excepción, +85%
Programas críticos de atención y prevención presentan reducciones de hasta 100%, lo que compromete la capacidad de respuesta sanitaria.
En educación:
- Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente: -100%
- Becas estudiantiles: -87%
- Formación docente: -89%
- Educación superior: -28%
- Infraestructura y equipamiento escolar: -97%
En ciencia y tecnología:
- Promoción de la Investigación e Innovación: -85%
- CONICET: -32%
- CONAE: -65%
- Servicio Geológico Minero Argentino: -29%
- Fundación Miguel Lillo: -32%
- CONEAU: -28%
- Servicio Meteorológico Nacional: -27%
En políticas sociales:
- ANSES: -7%
- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: -75%
- INAES (economía social): -82%
- Plan Nacional de Primera Infancia: -99%
- Plan Nacional de Protección Social: -99%
- Comedores comunitarios y merenderos: -61%
- Prestación Alimentar: -39%
En energía y seguridad:
- Comisión Nacional de Energía Atómica: -33%
- Autoridad Regulatoria Nuclear: -31%
- Ente Regulador de Gas y Electricidad: -38%
- Policía Federal: -34%
- Gendarmería: -30%
- Prefectura Naval: -31%
- Ejército: -15%
- Armada: -19%
- Fuerza Aérea: -18%
- Servicio Penitenciario Federal: -8%
- Única excepción: Estado Mayor Conjunto de las FFAA, +43%
Programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes: caídas entre -89% y -100%. Cooperación y asistencia técnica a municipios: -97%. Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires: -100%.
Las “ayudas” que son extorsiones
Los adelantos de coparticipación que solicita Tierra del Fuego, en montos de hasta 40 mil millones de pesos, son presentados por el gobierno nacional como “ayudas extraordinarias”. Sin embargo, en la práctica, se trata de fondos que la Nación retiene de la coparticipación federal y luego presta a las provincias, aplicando intereses del 16%.
Conflictos laborales en el sector público
Desde enero de 2026 se registraron al menos 101 conflictos laborales en todo el país, con un 66,3% aún activos. Los conflictos afectan a sectores como educación, salud, seguridad, justicia, empleo público y jubilaciones. La mayoría son por reclamos salariales, mejoras laborales y condiciones de trabajo. Casos destacados incluyen Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Cruz, Santa Fe y otras provincias.
En Tierra del Fuego:
- Empleo público: rechazo unánime a una oferta salarial del 3,5% para mayo y 4% para julio.
- Educación: el gremio docente SUTEF realizó acciones gremiales y participó en la Marcha Federal Universitaria.
- Judiciales: UEJN denunció vaciamiento de la obra social estatal.
- Salud: ATSA declaró estado de conflicto generalizado tras el fracaso de la paritaria.
Otros perjuicios
Se suman el desfinanciamiento del PAMI, el vaciamiento de ANSES, la destrucción del INTA, la quita de medicamentos a adultos mayores y pacientes con enfermedades graves, el recorte de presupuesto a universidades públicas, la entrega de recursos naturales y la privatización de áreas estratégicas como el puerto de Ushuaia.
El gobierno ha destruido 25 mil empresas y provocado 260.000 despidos en 28 meses. La pobreza obligó a millones de personas a vender los pocos dólares que tenían para pagar deudas o comprar comida.
