De repente pareciera que esto es historia pasada, penal cobrado o pelito pa la vieja, ya no se habla, no se debate bi se pregunta sobre la intervención de un puerto como el de Ushuaia con lo que significa económica y geopolíticamente hablando. En manos del gobierno nacional y manoteando fondos que son de la provincia, este es otro de los resultados de las políticas de Milei y sis adláteres, que en mi opinión no es ni mas ni menos que la entrega mas descarada de soberanía de los últimos 100 años de historia argentina, ante el silencio cómplice e impune de toda una provincia. Como el de los que dijeron que, no importaba quien lo maneje, sino que funcione, ademas de cipayo ignorante para decir semejante barbaridad.
La medida, cuestionada por especialistas en derecho portuario, vulnera la Ley 24.093 que garantiza la administración provincial de los puertos. A pesar de los plazos anunciados, las obras siguen sin iniciarse y la gestión centralizada ha generado incertidumbre entre operadores logísticos y trabajadores.
Hasta aquí lo único que queda claro es la intención del Estado nacional de quedarse con una caja de 22.000 millones de pesos anuales, producto de la actividad portuaria. Este manejo discrecional de recursos no solo erosiona la autonomía provincial, sino que también convierte al puerto en un botín financiero, más que en una herramienta de desarrollo.
El incumplimiento de compromisos y la falta de legitimidad legal convierten a esta intervención en un símbolo de la crisis institucional que atraviesa la política portuaria nacional. Tierra del Fuego, principal afectada, ve debilitada su soberanía sobre la infraestructura marítima estratégica y su capacidad de proyectar desarrollo económico en el Atlántico Sur.
La situación exige una respuesta firme: recuperar la administración provincial, transparentar el destino de los fondos y garantizar que el puerto funcione como motor de crecimiento y no como caja política.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
