Este es un resumen crítico del informe de ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) a mayo de 2026, elaborado por CEPA, con foco en los recortes y su impacto en provincias como Tierra del Fuego.
- El gasto total de la APN cayó 31% en términos reales respecto a 2023, confirmando un sesgo contractivo del gasto público.
- Mientras tanto, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en 34%, y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 12% del gasto total, reflejando la prioridad del gobierno en compromisos financieros por sobre políticas sociales.
- Superintendencia de Servicios de Salud: -64%.
- Hospitales nacionales: caídas entre -33% y -51%.
- Instituto Malbrán: -33%.
- ANMAT: -41%.
- Secretaría Nacional de Discapacidad: -41%.
- INCUCAI: única excepción, +85%.
Programas críticos de atención y prevención presentan reducciones de hasta 100%, lo que compromete la capacidad de respuesta sanitaria.
- Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente: -100%.
- Becas estudiantiles: -87%.
- Formación docente: -89%.
- Educación superior: -28%.
- Infraestructura y equipamiento escolar: -97%.
- Promoción de la Investigación e Innovación: -85%.
- CONICET: -32%.
- CONAE: -65%.
- Servicio Geológico Minero Argentino: -29%.
- Fundación Miguel Lillo: -32%.
- CONEAU: -28%.
- Servicio Meteorológico Nacional: -27%.
- ANSES: -7%.
- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: -75%.
- INAES (economía social): -82%.
- Plan Nacional de Primera Infancia: -99%.
- Plan Nacional de Protección Social: -99%.
- Comedores comunitarios y merenderos: -61%.
- Prestación Alimentar: -39%.
- Comisión Nacional de Energía Atómica: -33%.
- Autoridad Regulatoria Nuclear: -31%.
- Ente Regulador de Gas y Electricidad: -38%.
- Organismo Regulador de Seguridad de Presas: -33%.
- Policía Federal: -34%.
- Gendarmería: -30%.
- Prefectura Naval: -31%.
- Ejército: -15%.
- Armada: -19%.
- Fuerza Aérea: -18%.
- Servicio Penitenciario Federal: -8%.
- Única excepción: Estado Mayor Conjunto de las FFAA, +43%.
- Programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes: caídas entre -89% y -100%.
- Cooperación y asistencia técnica a municipios: -97%.
- Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires: -100%.
Esto implica que provincias periféricas como Tierra del Fuego quedan prácticamente sin respaldo financiero nacional para sostener infraestructura, servicios básicos y programas sociales.
El discurso oficial de “superávit cero”, “mejora de la economía” y “reducción de la pobreza” se contradice con la evidencia:
- Se desmantelan políticas sociales, educativas y sanitarias que sostienen la vida cotidiana de millones.
- Se recortan transferencias a provincias y municipios, debilitando la capacidad de gestión local y dejando territorios como Tierra del Fuego en situación de vulnerabilidad extrema.
- Se prioriza el pago de deuda y el fortalecimiento de inteligencia estatal, mientras se desfinancia la ciencia, la salud y la educación.
- Los profesionales de la salud, la educación y la investigación quedan sin respaldo, lo que erosiona la capacidad del Estado de garantizar derechos básicos.
En conclusión: el ajuste fiscal no es un camino hacia la reducción de la pobreza ni hacia la mejora económica, sino un vaciamiento del Estado en sus funciones esenciales, que golpea con mayor fuerza a las provincias dependientes de transferencias nacionales, como Tierra del Fuego.
