El último informe del CEPA, presentado por Julia Regueiro, expone la magnitud del ajuste llevado adelante por la administración de Javier Milei. El gasto total de la administración pública nacional pasó de 87.812 millones de pesos en 2023 a 60.000 millones en 2024, lo que representa un recorte del 31%. La consecuencia inmediata: el despido de más de 68 mil trabajadoras y trabajadores, equivalente al 20% del personal estatal.
Según Regueiro, el supuesto “ahorro” que el gobierno exhibe —460 mil millones de pesos por recortes a jubilaciones y 20 mil millones por despidos— se destina principalmente al pago de deuda externa, que absorbe el 12% del gasto público nacional. “No es la deuda social interna la que se atiende, sino la deuda con acreedores externos”, subrayó.
Ciencia, salud y educación en retroceso
El ajuste golpea de manera desigual pero generalizada. Entre los organismos más afectados figuran:
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE): -65%
- CONICET: -32%
- Servicio Meteorológico Nacional: -27%
- Agua potable y alcantarillado: -92%
- Promoción y asistencia social: -75,8%
- Vivienda y urbanismo: -99,5%
En educación, los programas críticos registran ejecución casi nula: Conectar Igualdad, Fondo Nacional de Incentivo Docente, fortalecimiento edilicio de jardines infantiles y becas estudiantiles fueron recortados entre un 87% y un 100%. “Lo único que se fortalece es la desigualdad entre la educación privada y la pública”, advirtió Regueiro.
Provincias ahogadas por adelantos de coparticipación
El informe también denuncia el mecanismo de adelantos financieros a las provincias, como el caso de Tierra del Fuego. Bajo el decreto 119/2024, se otorgan préstamos de hasta 400 mil millones de pesos, que deben devolverse en el mismo ejercicio fiscal con un interés del 16%, reteniendo automáticamente la coparticipación. “No es una ayuda, es una soga al cuello”, señaló Regueiro, calificando la práctica como una violación de la Ley de Coparticipación Federal.
Áreas con aumentos llamativos
En contraste con los recortes generalizados, dos áreas registraron incrementos presupuestarios: la Secretaría de Inteligencia del Estado, con un aumento del 34,2%, y el Incucai, lo que generó suspicacias sobre el destino de esos fondos. “Es una vergüenza, parece destinado al espionaje interno y al financiamiento de think tanks cercanos al oficialismo”, sostuvo la economista.
Un escenario de conflictividad creciente
La reducción de programas sociales, la caída de la recaudación y el deterioro de los salarios derivan en un aumento de la conflictividad gremial y social en todo el país. “Los docentes ven alumnos que se duermen por hambre, los médicos enfrentan una sobrecarga infinita, y las provincias no pueden sostener sus compromisos”, resumió Regueiro.
El CEPA concluye que el ajuste no solo debilita al Estado, sino que profundiza la precariedad de la vida cotidiana y compromete derechos básicos como salud, educación, vivienda y seguridad.
Fuente: Resumen Económico Radio Provincia
