Este mecanismo, lejos de ser un auxilio, constituye —según especialistas y dirigentes locales— una violación del espíritu de la Ley de Coparticipación Federal, que establece la distribución automática y sin condicionamientos de los recursos. Al convertir la coparticipación en un crédito oneroso, el gobierno nacional desnaturaliza el sistema de financiamiento provincial y agrava la dependencia de las jurisdicciones más vulnerables.
En el caso de Tierra del Fuego, el impacto es doble: por un lado, la provincia sufre los recortes en transferencias y programas nacionales, como se observa en el informe de ejecución presupuestaria de CEPA (con caídas del 97% en cooperación municipal y del 100% en fondos de fortalecimiento fiscal); por otro, se ve obligada a recurrir a adelantos que llegan con intereses, lo que profundiza el ahogo financiero y limita la capacidad de sostener servicios básicos.
El relato oficial de que el ajuste garantiza equilibrio fiscal y reducción de la pobreza se contradice con la realidad:
- Se retienen recursos que por ley corresponden a las provincias.
- Se transforma la coparticipación en deuda provincial, con tasas que erosionan aún más los presupuestos locales.
- Se desfinancia la obra pública, la salud y la educación, mientras se refuerza el gasto en inteligencia y se prioriza el pago de deuda externa.
En definitiva, el esquema de adelantos con intereses no es un mecanismo de ayuda, sino una trampa financiera que vulnera la autonomía provincial y expone a Tierra del Fuego a un escenario de fragilidad institucional. El “superávit cero” se construye sobre el vaciamiento de las provincias y el debilitamiento de los profesionales y servicios que sostienen la vida cotidiana de la población.
