Las denuncias
Las presentaciones realizadas en 2025 incluyeron:
- Mario Cairella, ex vicepresidente de CAMMESA, denunció a tres directivos por conformar una asociación ilícita y defraudar a los usuarios.
- La abogada Adriana Varisco expuso más de 30 irregularidades: contratos con empresas fantasma, sobreprecios, uso de tarjetas corporativas para gastos personales y vínculos comerciales con funcionarios judiciales.
- Se reveló una deuda superior a USD 1,5 millones con CAMMESA, además de usuarios con facturas impagas por decenas de millones de pesos sin reclamos formales.
- El INAES intentó auditar la cooperativa en 2024, pero la entidad se negó a entregar documentación clave.
La parálisis judicial
- La causa pasó inicialmente por el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien se declaró incompetente.
- El expediente fue remitido a la justicia provincial, pero desde entonces no se designó un juez para avanzar en la investigación.
- A pesar de la magnitud de las denuncias, no se realizaron allanamientos ni se tomaron medidas cautelares.
El blindaje político
Las notas publicadas en La Licuadora TDF señalaron que la falta de avances responde a un blindaje político: la cooperativa habría financiado campañas y actividades del oficialismo provincial, lo que explica la resistencia a intervenirla. La ausencia de un juez refuerza la percepción de que existe una protección institucional que impide esclarecer el destino de los fondos de los usuarios.
Un año de impunidad
El caso de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande se transformó en un símbolo de la impunidad estructural en Tierra del Fuego: denuncias graves, pruebas documentadas y organismos nacionales involucrados, pero sin respuesta judicial. La falta de designación de un magistrado, a un año de las presentaciones, deja a los socios y usuarios en una situación de indefensión y alimenta la sospecha de que la corrupción se mantiene amparada por la política y la justicia.
