- Recortes sugeridos por el FMI: $2,33 billones en gasto social (0,20% del PBI), $0,82 billones en subsidios energéticos (0,07% del PBI), $1,17 billones en salarios públicos (0,10% del PBI), $1,17 billones en gastos de capital (obra pública) lo que equivale a 0,10% del PBI y $0,47 billones en otras reducciones discrecionales (0,04% del PBI).
- El Fondo de Asistencia Laboral: la postergación en la implementación del FAL resulta llamativa. El gobierno repitió insistentemente que esta herramienta sería la solución a los problemas de empleo. Por ende, siguiendo el razonamiento del propio oficialismo, la postergación del FAL supone que no habrá mecanismos de fomento a las nuevas contrataciones en todo 2026. En efecto, el 12 de diciembre de 2025, Federico Sturzenegger, ministro de Modernización, señaló: “La reforma laboral generará más empleo y mejores salarios”.
- Metas fiscales: el acuerdo EFF 2025 establece metas de superávit fiscal para 2026 de al menos $16,34 billones (1,4% del PBI). Hasta abril, el resultado primario alcanzó $5,06 billones, lo que implica que, según la última revisión, el Gobierno todavía debe acumular $11,20 billones adicionales en lo que resta de 2026.
- Déficit financiero oculto: el FMI afirmó que el Tesoro Nacional registró un superávit fiscal del 1,4% del PBI ($11,8 billones) y un superávit financiero del 0,2% ($2,33 billones) durante 2025, sin embargo, el organismo aclaró que este último resultado no tiene en consideración los intereses capitalizados. Al contemplarlos, el resultado financiero real se torna deficitario por aproximadamente $6,72 billones (0,8% del PBI).
- Flexibilización de metas de reservas internacionales del Banco Central: el FMI flexibilizó la meta de mitad de año en casi USD 15.000 millones. Por un lado, actualizó la valuación de los activos a los precios del 31 de diciembre de 2025 (reemplazando la base de enero de 2025), lo que generó una ganancia contable de USD 3.000 millones en el oro computable debido al incremento del 50% en su cotización. Por otro lado, modificó la meta nominal de junio 2026, desde USD +3.200 millones a USD -8.600 millones (un alivio de USD 11.800 millones). Bajo este nuevo criterio metodológico, la variación acumulada de las RIN o Reservas Internacionales Netas al 15 de mayo de 2026 fue de USD -5.064 millones, superando el nuevo objetivo intermedio por USD 3.536 millones; una situación opuesta al esquema original, que hubiese exigido acumular USD 8.264 millones adicionales para cumplir la meta.
- Subestimación inflacionaria y proyección del IPC: el FMI volvió a advertir que el retraso en actualizar la canasta del IPC (basada en la ENGHo 2017/18) vuelve obsoleta la medición del INDEC, aunque avaló postergar su aplicación hasta consolidar la desinflación. Resulta llamativo este reposicionamiento del organismo dado que había sido el propio FMI quien había acordado con el gobierno la implementación de nuevos ponderadores a partir de enero de 2026. Según estimaciones de CEPA, si se hubieran aplicado los ponderadores actualizados entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la inflación acumulada habría sido de 352,6% en lugar de 303,5% informado por el INDEC (una diferencia de 12,2% y 49,1 puntos porcentuales). Asimismo, de haberse implementado la reforma en enero de 2026, la inflación del primer cuatrimestre habría cerrado en 12,6% frente al 12,3% oficial. Con este último dato, la estimación anual del FMI (25,0% para todo 2026) exige que el IPC promedie 1,4% mensual en los 8 meses restantes, una proyección que colisiona con el 30,5% anual estimado por el REM.
- Economía a dos velocidades: el FMI convalidó que la recuperación económica durante 2025 fue profundamente desigual, caracterizada por una dinámica dual donde los sectores de mano de obra intensiva quedaron rezagados frente a los sectores primarios (minería y agro) y al sector financiero. Aunque el organismo evita confirmarlo, el análisis convalida la caracterización del modelo económico que sostuvo CEPA desde hace casi dos años, donde los sectores «ganadores» explican apenas el 9,2% del empleo registrado privado. En los últimos 12 meses (promedio de abril 2025 a marzo 2026) contra el año previo a la asunción del Gobierno (diciembre 2022 a noviembre 2023) los sectores «ganadores» fueron Agricultura (+47,0%), Minería y canteras (+20,1%) e Intermediación financiera (+19,7%), pero explicaron apenas el 9,2% del empleo registrado privado. Por el contrario, los sectores de peor desempeño fueron Construcción (-13,8%), Industria manufacturera (-9,4%) y Comercio (-5,0%), concentrando el 44,4% de los puestos de trabajo privados.
- Caída del salario real y puestos de trabajo: a diferencia del diagnóstico del FMI, que atribuye la desaceleración a la «incertidumbre política», el deterioro del empleo y del poder adquisitivo se profundizó luego de las elecciones de medio término de octubre de 2025. Hasta febrero 2026 se perdieron 55.206 empleos registrados, acumulando una baja de 327.813 puestos desde el inicio de la gestión de Milei. En materia de ingresos, el salario real registrado medido por el IPC del INDEC cayó 3,3% desde las elecciones hasta marzo 2026, arrastrando una pérdida de 8,9% desde diciembre de 2023. Sin embargo, al medirlo con la inflación actualizada, la contracción se profundiza, registrando una caída de 3,9% desde octubre 2025 y una pérdida acumulada de 18,3% desde diciembre 2023.
- Morosidad: el FMI advirtió que el crédito en términos reales se encuentra estancado desde el tercer trimestre de 2025 y alertó sobre el incremento de la morosidad debido a la moderación del ingreso real de los hogares. La preocupación central del organismo radica en los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), cuyas elevadas tasas de irregularidad y crecientes vínculos con la banca tradicional plantean riesgos de contagio sistémico, exigiendo una supervisión prudencial más estrecha Es decir, el tratamiento del FMI sobre el tema endeudamiento se concentra en la situación de los bancos y Fintech, sin referencia al origen del problema o a la limitación de los salarios para recuperar poder adquisitivo y generar el repago de las acreencias. Lo cierto es que los datos de irregularidad se mantienen en continuo crecimiento: en los proveedores financieros (bancos), la mora saltó del 2,5% en octubre de 2024 al 11,5% en marzo de 2026 (el anticipo de abril da cuenta de una ratio de 12,0%), consolidando el nivel más elevado desde la crisis de 2001, mientras que la irregularidad con PNFC escaló del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,7% en marzo de 2026, superando incluso el pico histórico observado durante la pandemia en mayo de 2020 (27,1%).
- Privatizaciones: el FMI anticipó que el Gobierno proyecta recaudar un total de USD 4.000 millones entre 2026 y 2027 (USD 2.000 millones cada año) mediante la venta y concesión de empresas y activos públicos. El organismo hizo mención explícita a los procesos ya iniciados para las privatizaciones de Transener (valuada en USD 365 millones) y AySA (aproximadamente USD 500 millones), además de las licitaciones previstas para este año en ferrocarriles, vías navegables y la concesión por etapas de más de 9.000 kilómetros de rutas que atraviesan 14 provincias. A su vez, afirmó que Ejecutivo deberá acelerar el esquema de privatizaciones establecido en la Ley Bases (27.742).
- Reforma del sistema previsional: el FMI planteó un esquema de reforma basado en la eliminación de las moratorias y del piso mínimo de 30 años de aportes (reemplazándolo por un beneficio proporcional a los años trabajados), el financiamiento de la PUAM y la pensión básica exclusivamente mediante impuestos generales (dejando el SIPA únicamente para quienes aportaron), la unificación regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional, y el incremento gradual de la edad jubilatoria indexado a la esperanza de vida, igualando las edades de retiro entre hombres y mujeres. El Gobierno se comprometió formalmente ante el organismo a enviar al Congreso el diagnóstico técnico y las opciones de reforma hacia fines de 2027, mientras que el Fondo remarcó que el cambio de fórmula de movilidad por inflación adoptado en 2024 continúa siendo la herramienta clave para garantizar la contención real del gasto en el corto plazo.
- Caída del poder adquisitivo de las jubilaciones: desde la implementación del DNU 274/2024 (indexó los haberes mensuales al IPC) se consolidó el poder adquisitivo de las jubilaciones en un mínimo histórico. A partir de esa reforma, la estrategia de ajuste fiscal se desplazó hacia la licuación real de los haberes con bono (que percibe el 70% de los beneficiarios del sistema), cuyo monto se mantiene congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Al comparar el trimestre abril-junio de 2026 contra el último trimestre de la gestión anterior, se proyecta que las jubilaciones sin bono se ubiquen un 2,7% por debajo de dicho nivel, mientras que para los haberes mínimos que contemplan el bono la pérdida de poder adquisitivo real se profundiza drásticamente hasta alcanzar el 19,4%.
- Reforma de subsidios energéticos: el FMI destacó la reforma del esquema de subsidios a la energía a partir de la Resolución 21/2025 de noviembre de 2025, la cual desreguló el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), liberalizó los precios y recortó la asistencia a usuarios de ingresos medios, bajos y pymes. El organismo detalló el nuevo régimen (vigente desde enero 2026) implementa una clasificación binaria que segmenta a los hogares de forma taxativa entre elegibles y no elegibles para subsidios mediante el cruce de ingresos, activos patrimoniales y vulnerabilidad. En energía eléctrica, los hogares elegibles reciben una bonificación del 50% sobre un bloque básico de consumo mensual diferenciado por criterios climáticos (hasta 550 kWh en regiones muy cálidas y hasta 300 kWh en las restantes durante alta demanda), abonando tarifa plena por todo excedente. En el servicio de gas, se mantienen subsidiados los bloques de consumo por región, en paralelo con la estrategia de reducir la cantidad de áreas amparadas por el régimen de «zona fría» (que obtuvo media sanción en el Congreso el pasado 20 de mayo), estableciendo precios anuales para asegurar la recuperación del costo. Finalmente, para amortiguar el impacto, durante 2026 se aplica un subsidio de transición temporal de hasta el 25% adicional, el cual se reduce gradualmente a razón de 2 puntos porcentuales por mes.
- Reforma tributaria: el Gobierno se comprometió ante el FMI a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año. Sin embargo, el Fondo realizó una serie de recomendaciones donde proyecta ingresos fiscales adicionales por 3,3% del PBI. La hoja de ruta incluye: eliminar exenciones del IVA unificando tasas a cambio de compensaciones focalizadas (0,4% del PBI); suprimir los beneficios fiscales en Zonas Económicas Especiales como Tierra del Fuego (0,4% del PBI); reducir el umbral de Ganancias para alcanzar al menos al 20% de los trabajadores formales (0,4% del PBI); incrementar drásticamente las tasas efectivas y aportes del Monotributo para equipararlo al régimen general (1,0% del PBI); y fijar una tasa única del 30% para sociedades con un impuesto mínimo basado en la facturación. Asimismo, propone un sistema mixto para internos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas (0,2% del PBI), indexar combustibles por inflación (0,3% del PBI) y actualizar valuaciones de inmuebles mediante OFEVI recortando exenciones (0,6% del PBI), previendo reducir gradualmente retenciones y el impuesto al cheque a medida que se amplíe la base de los demás tributos. El plan incluye reemplazar Ingresos Brutos por un IVA dual (federal y provincial), similar al proyecto de “Super IVA” planteado el año pasado. En definitiva, mientras plantea más trabajadores pagando Ganancias, una mayor presión sobre monotributistas e incremento de la alícuota de Ganancias a las empresas chicas, reduce la alícuota para las empresas grandes y las retenciones.
- Desregulaciones: el FMI enfatizó la necesidad de profundizar las reformas estructurales enfocadas en la desregulación y la apertura de la economía, ponderando los acuerdos comerciales del Mercosur con Estados Unidos y la Unión Europea.
- Sostenibilidad y riesgo de la deuda: el organismo definió la deuda pública como «sustentable pero no con alta probabilidad» debido a riesgos severos y abultadas necesidades de financiamiento. Evaluó el riesgo global como alto por la inflación, las bajas reservas y el nulo acceso al crédito internacional para refinanciar vencimientos. A mediano plazo el riesgo baja a moderado por la caída de la ratio deuda/PBI desde 2024 (atado al éxito del plan), pero vuelve a ser alto en el largo plazo frente a elevados compromisos en moneda extranjera y riesgos contingentes por litigios, finanzas provinciales y gasto previsional.
- Fuente: Centro Economía Política Argentina: CEPA
Análisis de la segunda revisión del FMI en el marco del programa Extended Fund Facility 2025. mas recortes y ajuste.
Argentina endeudada 01/06/2026.- Ancla fiscal: el organismo prevé presión fiscal al alza por el cumplimiento de tres leyes (Financiamiento a Universidades, Financiamiento a pensiones por Discapacidad y el Fondo de Asistencia Laboral contenido en la reforma laboral), por lo que no sólo reconoce la obligatoriedad de la aplicación de estas normas, sino que, además, sugiere recortes fiscales en una serie de partidas. La solución del gobierno ha sido incumplir las dos primeras leyes (Universidades y Discapacidad) y postergar por seis meses la implementación del FAL (Fondo de Asistencia Laboral, establecido en la reforma laboral), pero a su vez aplicar los ajustes sugeridos. Esto se debe a que, dada la caída de la recaudación sostenida, la postergación en la implementación de las normas no resuelve el frente fiscal.
