Villegas describió un escenario preocupante, marcado por “fábricas tomadas, aumento de la desocupación y la pobreza, un conflicto docente que impide el normal dictado de clases, hospitales en crisis y profesionales de la salud que se van de la provincia”. A esto sumó la situación de los policías territoriales que no perciben haberes compensatorios desde hace más de un año y la dependencia financiera del Gobierno provincial respecto de adelantos de fondos nacionales para afrontar salarios y servicios básicos.
“Estamos hablando de una realidad donde muchas familias reclaman algo elemental como no pasar frío y vivir con dignidad. Frente a esto, resulta oportuno preguntarse si es momento de impulsar una reforma constitucional”, enfatizó.
En el plano institucional, el legislador defendió la facultad de la Legislatura para derogar la Ley 1529, que declaró la necesidad de la reforma. En ese sentido, explicó que se trata de una norma sancionada en ejercicio de competencias propias del Poder Legislativo y que, como cualquier ley, puede ser dejada sin efecto.
“El debate no es si tenemos la facultad de derogar la ley, porque eso es indiscutible. La discusión de fondo es si estamos a tiempo de hacerlo, y estoy convencido de que sí”, afirmó.
Villegas fundamentó su postura en la propia Constitución provincial, señalando que el proceso de reforma otorga un rol central a la Legislatura. Recordó que la Carta Magna exige mayorías calificadas para declarar la necesidad de reforma y establece condiciones específicas que aún se encuentran bajo cuestionamiento judicial.
Asimismo, sostuvo que el proceso “no ha adquirido un grado de autonomía suficiente” que impida su reversión, ya que aún no se ha puesto en marcha el cronograma electoral. “No hay presentación de candidaturas, no hay frentes electorales definidos, no hay convencionales elegidos ni una convención en funcionamiento”, detalló.
En ese marco, argumentó que el decreto de convocatoria a elecciones firmado por el Poder Ejecutivo “es un acto administrativo que depende de la existencia de una ley superior”. Por lo tanto, “si la ley 1529 es derogada, ese decreto pierde sustento jurídico”.
Finalmente, Villegas concluyó que “la Legislatura no solo tiene la atribución de abrogar la ley, sino que este es el momento oportuno para hacerlo”, al advertir que la continuidad del proceso de reforma “desconoce las urgencias reales de la sociedad fueguina”.
“No podemos mirar para otro lado mientras la provincia atraviesa una crisis profunda. La prioridad debe estar puesta en dar respuestas concretas a la gente”, cerró.
