Han pasado veintiocho meses desde la asunción de Javier Milei, y aunque pueda parecer aventurado afirmarlo, los hechos acumulados permiten sospechar que su proyecto político no contempla a la Patagonia como parte viva del país, sino como un territorio prescindible. Tierra del Fuego, en particular, parece ser el laboratorio de esa desatención sistemática.
La privatización del puerto de Ushuaia, el cambio en la ley de tierras que habilita la venta inmediata de predios incendiados —incluso a extranjeros—, y la quita de fondos para el mantenimiento de rutas como la Nacional N° 3, configuran un mapa de aislamiento. Sin conectividad terrestre, sin infraestructura portuaria pública y con un marco legal que favorece la extranjerización, la provincia queda expuesta a un proceso de desarraigo progresivo.
A ello se suma la negativa del Gobierno nacional a colaborar con la extinción de incendios en la Comarca Andina, el cierre de los tesoros regionales de Río Grande, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, que paraliza la operatoria bancaria y asfixia la economía local.
La salida de YPF de las tres provincias patagónicas dejó miles de desocupados y un vacío energético que ninguna empresa privada parece dispuesta a cubrir. La ley de glaciares, modificada para permitir la explotación minera en zonas periglaciares, y la privatización de parques nacionales completan el cuadro de desprotección ambiental y pérdida de soberanía sobre los recursos naturales.
La falta de vuelos de Aerolíneas Argentinas —uno diario en Río Grande—, la posible quita del subsidio por zona fría, la eliminación del FONID y de los fondos universitarios, han provocado un éxodo de docentes y profesionales. La Patagonia se vacía no por casualidad, sino por diseño: cada medida erosiona la posibilidad de vivir, trabajar y educarse en el sur.
Si a este panorama se le suma la intención de Estados Unidos de construir una base militar integrada en Ushuaia, la ecuación adquiere otro sentido. Tierra del Fuego es un punto geoestratégico clave: puerta de entrada a la Antártida, paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, y corredor natural para submarinos y portaaviones, como el USS Nimitz que cruzó recientemente el Estrecho de Magallanes.
La combinación de vaciamiento poblacional y apertura territorial podría facilitar la instalación de intereses extranjeros en una región que concentra la mayor reserva de agua dulce del planeta y recursos energéticos y minerales de altísimo valor.
No se trata de conspiración, sino de correlación: cada decisión política que debilita la presencia estatal en la Patagonia fortalece la posibilidad de intervención externa. La desprotección ambiental, la desinversión en infraestructura y la desarticulación social son piezas de un mismo tablero.
Tampoco es casual la desindustrialización de toda la región en general y de Tierra del Fuego en particular, donde se han perdido mas de 12 mil puestos de trabajo en este periodos de gobierno y el cierre de empresas, comercios y pymes, se debe a la quita de aranceles a las importaciones de celulares y el decreto 252/2026 medidas estas, también implementadas por el gobierno nacional, como el congelamiento de salarios y terrible perdida del poder adquisitivo de los salarios en una zona donde es mucho mas caro vivir que, en el resto del pais.
La pregunta ya no es si la Patagonia está siendo despoblada, sino por quién y para qué. Tierra del Fuego, con su historia de resistencia y su identidad austral, merece una defensa activa frente a esta estrategia de desposesión. No es exagerado pensar que detrás de la desidia hay un cálculo: dejar el territorio vacío para que otros lo ocupen.
Armando Cabral
www.lalicuadoratdf.com.ar
