El año judicial 2025 dejó una doble postal en Tierra del Fuego. Por un lado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) exhibió logros en modernización administrativa: digitalización de trámites, simplificación de procesos y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. También subrayó avances en transparencia institucional y programas de mejora continua para reducir tiempos de respuesta.
Sin embargo, el mismo informe reconoce el impacto del ajuste presupuestario, con una reducción del 14% en los recursos del Poder Judicial. Este recorte afectó compras, obras, viáticos y designaciones, y derivó en un conflicto con los trabajadores judiciales, que reclamaron recomposición salarial. Tras medidas de fuerza, se acordó un aumento del 10% en noviembre-diciembre y otro 2,5% en enero 2026. Los jueces y funcionarios no fueron alcanzados por el recorte, lo que profundizó la tensión gremial.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura nacional presentó un balance centrado en la implementación del sistema acusatorio en jurisdicciones clave, junto con inversiones en infraestructura y tecnología. Su informe destaca la articulación institucional y la búsqueda de mayor transparencia en la gestión judicial.
La síntesis de ambos documentos revela una paradoja: mientras se avanza hacia una justicia más moderna, transparente y accesible, el ajuste presupuestario y los recortes salariales ponen en cuestión la sostenibilidad del modelo. La modernización convive con la precarización, y el desafío para 2026 será equilibrar eficiencia institucional con estabilidad laboral.
Superior-Tribunal-de-Justicia-Presidencia-Informe-de-Gestion-2025.pdf
INFORME-ANUAL-ESCUELA-JUDICIAL-OK.pdf
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
