Los intimados deberán asistir a una audiencia para recibir información sobre vacunación y contarán con 30 días para aplicar a sus hijos las dosis bajo riesgo de trabajo comunitario, multas de hasta 230 dólares al cambio actual o arresto de hasta cinco días, dijo a la AFP el ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero.
La iniciativa de Mendoza se produce en el marco de una caída en la tasa de vacunación a nivel nacional y de la aparición de casos de sarampión y tos convulsa, enfermedades que se creían superadas.
Según datos oficiales, desde 2024 ninguna de las inmunizaciones obligatorias a nivel nacional alcanzó la meta recomendada del 95% y algunas cayeron a la mitad.
«Cumplir con la vacunación no es un acto individual, es colectivo, funciona en la medida en que todos tomemos acción y quien no lo hace pone en riesgo a toda la comunidad», dijo Montero, que prometió más denuncias civiles.
Mendoza emitió en agosto una resolución para endurecer los castigos a quienes omitan vacunar a sus hijos.
Mendoza es una de las provincias con mayor tasa de vacunación, alrededor del 85%.
«Estamos lejos del objetivo del 95%, aunque por encima del promedio nacional del 65%», apuntó el ministro.
«Antes, cuando se avisaba a los padres que en tal semana iría el equipo a la escuela a vacunar, muchos no enviaban a sus hijos. Entonces, para evitar el ausentismo escolar, les dimos la posibilidad de manifestar en un formulario que no quieren inmunizarlos. Eso sirvió para hacer seguimiento de esas negativas a vacunar», base de las actuales denuncias, añadió.
En 2025, Argentina registró unos 35 casos de sarampión y unos 700 confirmados de tos convulsa con siete niños fallecidos.
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