Nuestro planteo no se limita únicamente al pago de los meses adeudados —que por sí solo constituye un incumplimiento grave— sino también a la incorrecta liquidación que, año tras año, se ha realizado sobre nuestros aportes previsionales, generando un perjuicio acumulado y profundo en los haberes que hoy percibimos.
Para que cualquier funcionario o ciudadano pueda comprender con claridad esta situación, explicaremos de manera didáctica lo siguiente:
Si observamos un recibo de sueldo de los policías hoy damnificados, se advierte la existencia de dos descuentos previsionales:
Código A: Aporte a la Caja de la Policía Federal.
Este descuento se realiza exclusivamente sobre el sueldo básico.
Código B: Aporte a la Caja de la Provincia (Caja de Previsión Social de la Policía de Tierra del Fuego).
Este descuento se aplica sobre el sueldo básico, la zona, el estado policial y los suplementos especiales.
Es decir, el mayor esfuerzo contributivo de los policías provinciales fue —y continúa siendo— hacia la Caja Provincial, mientras que el descuento destinado a la Policía Federal constituye un aporte proporcionalmente menor.
A partir de este dato objetivo surge una pregunta inevitable:
¿Qué lógica tiene sostener que lo que se percibe de la provincia es “meramente una compensación”, cuando el mayor aporte fue realizado justamente a esa Caja, y sin embargo hoy sólo percibimos alrededor del 40%?
Esta afirmación, difundida en forma liviana, no solo es inexacta, sino profundamente injusta con quienes contribuyeron durante décadas a la Caja Provincial.
También es necesario aclarar otros dos puntos fundamentales:
Primero:
El concepto de “complemento” al que algunos hacen referencia fue utilizado únicamente como mecanismo formal de identificación a partir del año 1992, para distinguir claramente los dos descuentos que hasta hoy se aplican. De ningún modo implica que lo cobrado por la provincia sea accesorio, marginal o compensatorio. Es un haber legítimo derivado de aportes efectivos, constantes y superiores.
Segundo:
Se ha señalado que, en los últimos años, la Caja estuvo administrada por policías egresados después de 1992, mientras que antes su directorio estaba integrado por personal estrictamente territorial. Frente a este dato surge otra pregunta elemental:
¿Cuándo comenzó el quiebre de la Caja y bajo la administración de qué autoridades?
La respuesta —según declaraciones públicas del propio señor Bordón— es clara y contundente:
el desequilibrio comenzó hace dos gestiones.
Esto derriba cualquier intento de responsabilizar a quienes hoy reclamamos por derechos legítimamente adquiridos y por aportes realizados de forma sostenida, correcta y durante toda nuestra carrera.
