El Gobierno de Javier Milei confirmó que a partir del 1° de enero entrará en vigencia un nuevo esquema de subsidios energéticos que elimina la segmentación por ingresos y redefine por completo la asistencia estatal en luz, gas y garrafas. La medida, que modifica de raíz el sistema vigente, achica de manera drástica el volumen de consumo subsidiado y deja a casi la mitad de los hogares sin bonificaciones, según los datos oficiales difundidos en las últimas semanas.
La Resolución 484/2025, publicada en el Boletín Oficial, convocó a una audiencia pública para tratar los llamados Subsidios Energéticos Focalizados. Desde entonces, el Ejecutivo avanzó en la arquitectura de un sistema binario que divide a los usuarios entre quienes conservarán beneficios y quienes pasarán a pagar tarifa plena. El punto de corte será no superar tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a más de $3,6 millones según el valor de octubre del Indec.
De esta manera, el Gobierno reemplaza los tres niveles de segmentación por ingresos por una lógica de “todo o nada”, en la que los hogares de ingresos medios y altos, junto con comercios e industrias, quedarán directamente fuera del régimen.
Un sistema más restrictivo y una transición cargada de aumentos
Los usuarios que ya están inscriptos en el RASE no deberán realizar trámites adicionales: sus datos se migrarán de manera automática. Sin embargo, el nuevo sistema prevé que la información se actualice mediante una declaración jurada mensual, lo que podría derivar en revisiones frecuentes del acceso al beneficio.
A diferencia del esquema actual, los subsidios dejarán de aplicarse de forma continua durante el año. El Ejecutivo definió que solo habrá bonificaciones en meses de mayor consumo, reduciendo de hecho la cobertura estacional. En electricidad, los hogares que califiquen recibirán un descuento del 50% sobre un bloque limitado: 300 kWh en invierno y verano, y 150 kWh en primavera y otoño. Todo lo que exceda esos topes se pagará sin subsidio.
Según las proyecciones oficiales, los cambios implican un recorte considerable respecto de los niveles de consumo actualmente bonificados. Esto se traducirá en facturas más altas, especialmente para los sectores medios que hasta ahora recibían cobertura por tramos más amplios.
En gas, el esquema será todavía más restrictivo. El subsidio del 50% solo correrá entre abril y septiembre. En primavera y verano, todos los usuarios –incluso los que mantengan el beneficio– deberán afrontar tarifa completa. Para atenuar el salto inicial, el Gobierno aplicará una bonificación extraordinaria del 25% en enero, que se reducirá dos puntos por mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.
Ajuste fiscal y presión del FMI: el telón de fondo de la reconfiguración
Mientras avanza el rediseño del sistema energético, el propio Gobierno admite que la medida responde a la necesidad de achicar el gasto público para cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Los recortes se dan en un contexto en el que, según analistas del sector, las facturas eléctricas y de gas ya acumulan aumentos superiores al 500% y, en algunos casos, cercanos al 900% desde diciembre de 2023.
El coordinador del área de Energía, Daniel Gonzalez, sintetizó el objetivo fiscal al presentar el nuevo esquema: “Vamos a llevar el gasto en subsidios al 0,5% del PBI”, una meta que implica un recorte del 75% respecto del gasto actual.
En paralelo, las cuentas públicas enfrentan un desplome de la recaudación de entre 15% y 20% interanual, mientras las retenciones caen 40% y la actividad económica profundiza su desaceleración. Con buena parte del gasto indexado por ley, el ajuste apunta directamente a subsidios, salarios públicos, obras y transferencias a las provincias.
En este escenario, la reducción de subsidios energéticos se convierte en otro capítulo del modelo económico que el Gobierno impulsa bajo la premisa de “eficiencia”, pero que tiene un impacto directo en los bolsillos de millones de familias argentinas.
Fuente: GLP
