Según múltiples medios, los audios —difundidos y luego verificados— muestran al diputado Pauli exigiendo a sus asesores que cedieran el ítem “desarraigo”, un plus salarial destinado a cubrir gastos de traslado y estadía de quienes trabajan fuera de su domicilio.
Entre las frases más contundentes, Pauli dice: “Voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100 % del desarraigo”.
La denuncia proviene de un asesor identificado como Rolando Correa (“Rolo”), quien afirma que junto con otros asesores de Río Grande estaban obligados a transferir ese monto a cuentas designadas por el partido.
El plus, según los medios, rondaría los 500.000 pesos mensuales por persona en algunos casos.
Los grandes diarios nacionales tomaron la noticia, señalando la contradicción entre el discurso anti‑casta del espacio libertario y las acusaciones de uso irregular de fondos públicos.
Desde lo local, el escándalo ganó las portadas con los detalles de la maniobra y su implicancia política. En redes sociales también fue ampliamente comentada, señalando un posible precedente de financiamiento partidario con recursos del Estado.
El ítem “desarraigo” está concebido como un viático para facilitar la labor legislativa fuera del domicilio habitual, no como un aporte al partido. Su uso distinto puede configurar un conflicto ético o legal.
Credibilidad del espacio político: La Libertad Avanza ha basado parte de su relato en denunciar la “vieja política” y el uso indebido de recursos públicos. Esta situación abre una grieta entre discurso y práctica.
Por estas horas, con la veracidad de los los audios consumadas y las transferencias comprobadas, podrían abrirse investigaciones por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad o extorsión laboral.
Hasta el momento no se ha presentado formalmente una denuncia penal que haya llevado a una causa con expediente público, según los medios consultados.
En definitiva, lo que comenzó como una denuncia local escaló rápidamente a un tema de alcance nacional. El caso de Santiago Pauli no solo se trata de presuntas irregularidades individuales, sino que pone en evidencia la tensión entre el discurso y los hechos dentro de un espacio político que aspiraba a marcar diferencia.
Mientras, Correa ya manifestó que teme represalias y responsabilizó a Pauli y otros dirigentes del espacio por cualquier eventual contratiempo.
