El documento oficial del Ministerio de Economía, enviado al Congreso, plantea una nueva hoja de ruta fiscal que refleja el cambio en el escenario político y económico del país. En cadena nacional, Milei destacó la necesidad de acuerdos amplios y dijo que, como mínimo, el resultado fiscal de 2026 debe ser «equilibrado».
Los números del proyecto: superávit acotado y más gasto político
Según los cálculos oficiales, el Presupuesto prevé un superávit primario de $15,08 billones y un resultado financiero positivo de $2,7 billones, lo que equivale a un 0,3% del PBI.
El gasto total proyectado asciende a $158,7 billones, mientras que los ingresos sumarían $161,4 billones, es decir, una brecha mucho más estrecha que la prometida al FMI.
En detalle, el Gobierno estima que los ingresos del Estado representarán un 14,3% del PBI, mientras que el gasto se distribuye así:
- Previsión social: 6,5%
- Asistencia social: 2,3%
- Salarios públicos: 1,6%
- Subsidios económicos: 0,7%
- Gasto de capital: 0,3%
- Otros: 0,1%
- Intereses de deuda: 1,4%
Este desglose muestra un Estado más contenido, pero con ciertos márgenes para la negociación política.
Cambios sobre la marcha: el ajuste ya no es el mismo
El recorte de la meta de superávit no es un hecho aislado. El oficialismo ya había ajustado sus proyecciones para 2025, pasando del 1,3% de superávit al 1,6%, aunque ahora se estima que cerrará el año con un 1,5%, por debajo del objetivo revisado con el FMI.
Esta marcha atrás marca un giro: el Gobierno, que hasta hace unos meses podía avanzar con recortes sin mayor resistencia, ahora enfrenta un Congreso más fragmentado y la necesidad de ceder en ciertas partidas para lograr consensos.
Recaudación: la apuesta de ARCA y la presión inflacionaria
En materia tributaria, el Gobierno proyecta para 2026 una recaudación total de $90,3 billones, un salto del 22% nominal respecto a los $73,7 billones estimados para 2025.
Con una inflación prevista del 10,1%, el Ejecutivo espera que los ingresos fiscales crezcan 10 puntos por encima del nivel general de precios, lo que implicaría una mejora en la eficiencia recaudatoria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
FMI en alerta: ¿peligran los acuerdos?
La reducción del superávit fiscal no pasó desapercibida. Si bien no se trata de un incumplimiento formal, podría generar tensiones con el Fondo, que exige señales claras de compromiso con la disciplina fiscal.
Hasta ahora, el cumplimiento de las metas acordadas había sido un pilar del discurso oficial. Esta modificación podría abrir un nuevo capítulo de negociaciones con el organismo internacional, justo cuando Argentina necesita mantener el acceso al financiamiento y al mercado internacional.
