Desde enero de 2024, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se encuentra intervenido por decisión del Poder Ejecutivo. Lo que comenzó como una medida administrativa bajo el argumento de auditar y reorganizar su funcionamiento, se transformó en una parálisis que afecta de forma directa a medios comunitarios, cooperativas, proyectos escolares y pequeñas organizaciones que dependen del financiamiento público para sostener su actividad.
En julio, el Gobierno prorrogó esa intervención hasta enero de 2026, a través del Decreto 448/2025. La medida se sostiene en la necesidad de revisar fondos clave como el de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y el Fiduciario del Servicio Universal (FFSU). Sin embargo, lejos de mostrar avances en ese sentido, la revisión trajo consigo un congelamiento de concursos, desembolsos y proyectos en curso, dejando al ecosistema comunicacional alternativo en una situación crítica.
La intervención del ENACOM no solo afectó el flujo de recursos, sino también modificó su estructura institucional
“El objetivo de fortalecer la diversidad de voces se ha cumplido en gran medida”, señala Martín Becerra, investigador y docente especializado en políticas de comunicación, en diálogo con El Auditor.info. Y agrega: “Fondos como el FOMECA y el FSU han permitido la creación y profesionalización de medios comunitarios, alternativos y escolares, mejorando su equipamiento y capacidad tecnológica”.
En el caso del FFSU, si bien fue formalmente disuelto por decreto en el marco de la reforma de los fondos fiduciarios públicos, los aportes de las empresas de telecomunicaciones se siguen cobrando. Según Becerra, esos recursos ya no tienen una asignación específica ni están sujetos al cumplimiento de sus fines originales, lo que abre la posibilidad de un uso discrecional por parte del Gobierno.
La intervención del ENACOM no solo afectó el flujo de recursos. También alteró su estructura institucional: el directorio plural, con representación parlamentaria, fue reemplazado por funcionarios designados por el Ejecutivo, sin mecanismos de control cruzado. Para Becerra, esto afecta seriamente la autonomía del organismo: “La intervención compromete gravemente la independencia del ENACOM respecto del Poder Ejecutivo, un principio básico exigido por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.
En esa misma línea, el investigador Santiago Marino advierte que “la intervención del ENACOM deja ver un rasgo de gestión absolutamente centralizado en el Poder Ejecutivo, que funciona con lógica arbitraria y clausura la posibilidad de discusión normativa frente a los cambios tecnológicos y de mercado”. Marino remarca que no solo se interrumpieron fondos fundamentales como el FOMECA y el FFSU, sino que también “se frena la ejecución de partidas concursables y con destino legal preestablecido, lo cual afecta directamente la pluralidad, la diversidad y la extensión de servicios de comunicación y conectividad en zonas donde no llega el mercado”.
El informe de entrega y recepción del ENACOM, elaborado con supervisión de la SIGEN, advirtió fallas que ya estaban siendo abordadas con planes de contingencia internos
El Gobierno paralizó el FOMECA con el argumento de la necesidad de realizar auditorías. Sin embargo, las observaciones detectadas no necesariamente justifican un congelamiento total. El informe de entrega y recepción del ENACOM, elaborado en febrero de 2024 con supervisión de la SIGEN, reconoce deficiencias administrativas, como demoras en la rendición de fondos por parte de los beneficiarios del FOMECA entre 2013 y 2022, y bajo nivel de cumplimiento de los aportes obligatorios al FFSU por parte de licenciatarios privados. No obstante, el mismo informe muestra que esas fallas ya estaban siendo abordadas con planes de contingencia internos.
Para Becerra, el uso del argumento técnico encubre una definición política más profunda: “Suspender el financiamiento con el pretexto de realizar auditorías responde más a una decisión política que a una necesidad técnica o administrativa”. El especialista también aclara que muchas de las demoras históricas no se deben a los medios, sino al propio Estado, que transfirió los fondos con retraso o sin actualización, especialmente en un contexto de inflación y atraso cambiario: “Estos desajustes son precisamente los que deben ser corregidos mediante auditorías periódicas, como las que ya existen para todos los fondos públicos”.
En paralelo, Marino advierte que “es muy complejo pensar mecanismos estatales que garanticen conectividad donde el mercado no llega, si lo que predomina es una lógica de control político estricto del Ejecutivo y una perspectiva ideológica basada en eslóganes más que en criterios técnicos. Eso deja a muchas poblaciones directamente excluidas”. En su visión, la acumulación de poder sobre un organismo clave como el ENACOM no solo afecta a quienes producen contenidos, sino también a quienes dependen de la conectividad para acceder a servicios básicos, incluso para tareas cotidianas como pagar impuestos o trabajar.
“Estamos presenciando un retroceso inédito en las políticas públicas de comunicación y telecomunicaciones desde el retorno de la democracia en 1983”, alerta Becerra, y concluye: “Estas decisiones no solo afectan el presente, sino que generan una regresividad estructural que será muy difícil de revertir incluso una vez finalizada esta administración”.
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