En una nueva embestida contra los organismos técnicos y participativos del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó la eliminación de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), un espacio fundamental en la construcción de políticas públicas que garantizan la calidad, seguridad y regulación de los alimentos que consumen las familias argentinas.
El desmantelamiento se concretó mediante el decreto 538/2025, que introduce modificaciones al Código Alimentario Argentino y transfiere la capacidad de decisión al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT, y al SENASA. Si bien ambos organismos poseen trayectoria técnica, lo que se pierde con esta medida es la arquitectura federal, multidisciplinaria y deliberativa que caracterizaba a la CONAL.
Durante décadas, la CONAL funcionó como un ámbito de construcción colectiva entre el Estado nacional, las provincias, los sectores científicos, académicos y la industria. Allí se debatían y consensuaban criterios clave para establecer qué puede considerarse alimento en nuestro país, bajo qué condiciones debe producirse y qué parámetros sanitarios debe cumplir.
Al suprimir ese espacio, el gobierno no solo concentra decisiones en pocas manos sino que rompe con un modelo de regulación que priorizaba el interés público por sobre los intereses corporativos. La justificación oficial es la de “agilizar procesos” mediante plataformas digitales como el SIFEGA, pero la eliminación de la instancia de debate y control plural deja al sistema alimentario argentino peligrosamente expuesto a presiones del mercado y a posibles retrocesos en materia de salud pública.
Expertos y referentes del sector advierten que, sin la CONAL, se debilitan los consensos que sostienen hoy los estándares sanitarios, se erosiona la transparencia en las decisiones regulatorias y se reducen los canales de participación ciudadana y federal. Además, se pierde un actor estratégico en momentos donde proliferan productos ultraprocesados, aditivos cuestionados y falsas promesas nutricionales en las góndolas.
En lugar de fortalecer los controles para proteger a los consumidores, el gobierno opta por desarmar uno de los pocos espacios donde se articulaban ciencia, salud, producción y territorio. En nombre de la eficiencia, se está sacrificando la seguridad alimentaria de millones. ¿Quién define ahora qué es seguro comer en la Argentina? ¿Y en base a qué intereses?
La eliminación de la CONAL no es un ajuste menor: es una renuncia deliberada a proteger a las familias argentinas frente a los abusos de un mercado que, sin regulaciones claras, tiende siempre a privilegiar su rentabilidad antes que la salud de la población.
