Además, fueron condenados Isaac Aaron Ollivet Besson Osorio y Rigoberto Antonio Garrido Arriagada, a 40 días de presidio y al pago de una multa de 4 UTM cada uno ($275.692), como “encubridores del delito de contaminación de aguas, entre los años 2017 y 2019”, en Porvenir, capital de la Provincia de Tierra del Fuego.
Respecto del delito de fraude de subvenciones, los cuatro fueron absueltos.
Tanto Nicolaides como Covacich fueron beneficiados con el cumplimiento de la pena en libertad, bajo modalidad remisión condicional. Esto es que, durante los 800 días de la pena, quedarán bajo la supervisión del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, según el fallo de los jueces Julio Álvarez Toro, Guillermo Cádiz Vatcky y José Flores Vásquez.
Información falsa
Asimismo, por unanimidad y previa recalificación, el tribunal condenó a Drago Covacich como autor del delito de “proporcionar información falsa a la autoridad fiscalizadora”, obligándolo a pagar una multa de 2 UTM ($ 137.846).
La absolución por fraude de subvenciones fue acordada con el voto en contra del juez José Flores, quien fue del parecer de condenar también a los acusados Nicolaides y Covacich por este delito, en calidad de reiterado.
Demanda civil
En cuanto a la acción civil, por dos votos a uno el tribunal acogió la “excepción de prescripción de la pena” deducida por los acusados y rechazó la demanda de indemnización de perjuicios entablada por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, como lo planteó el abogado de la entidad Marcel Villegas.
Nuevamente el magistrado Flores votó en contra y fue del parecer de acoger parcialmente la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el Fisco de Chile en contra de ambos demandados.
Delito
Los ejecutivos de la empresa Nova Austral fueron acusados, y llevados a juicio, por el fiscal Sebastián González por adulterar los datos de siembra, cosecha y mortandad de los peces que mantenían en sus centros de cultivo en la Región de Magallanes
En enero de este año, el Ministerio Público consiguió la primera condena por este bullado caso. Y fue en contra del exgerente de producción de la empresa Nova Austral, Arturo Schofield, por los delitos de contaminación de aguas y cómplice de obtención fraudulenta de bonificaciones estatales.
Posteriormente, la fiscalía arribó a una salida alternativa con la empresa salmonera, comprometiéndose ésta a devolver todo lo obtenido.
La firma se comprometió a pagar al fisco más de 40 mil millones de pesos. “Fue una suspensión condicional y deben cumplir una serie de condiciones durante tres años para que la causa sea sobreseída”, indicó el fiscal.
Los restantes ejecutivos optaron por ir a juicio oral, y con los resultados conocidos ayer.
Según la acusación, durante los años 2016 a 2019 la empresa reportó tasas menores de siembra, mortalidad y cosechas de salmones. Esto provocó una afectación al medioambiente. La actividad salmonera es contaminante y está regulada administrativamente, con la finalidad de evitar efectos perniciosos para la naturaleza.
En tal sentido, la sobre siembra, sobre alimentación y las heces de salmones produjeron daño en centros de cultivo, en el lecho marino y la columna de agua.
El origen de la acusaciones de la fiscalía
y el Consejo de Defensa del Estado
Este fue un juicio dirigido en contra de cuatro personas ligadas a Nova Austral (dos de la plana ejecutiva y dos empleados), empresa dedicada a la crianza y venta de salmones. Por estar emplazada en la capital fueguina, puede acogerse a las franquicias que establece la Ley Navarino, donde el Estado le devuelve el 20% de las ventas de la planta.
Las ovas se crían primero en pisciculturas y, cuando obtienen el tamaño “smolt”, las llevan a las zonas de cultivo en el mar, en jaulas flotantes, ubicadas al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini.
Por lo mismo, y porque la actividad acuícola produce contaminación, está muy regulada y por lo tanto sólo pueden producir la cantidad autorizada, de acuerdo a una resolución de calificación ambiental.
El enjuiciamiento a la plana mayor de Nova Austral vino porque a nivel directivo tomaron la decisión de explotar al máximo los salmones sembrados, por sobre el promedio de un ocho a un diez por ciento del total autorizado.
Como los salmones van muriendo en el camino, en estos dos años, la idea era sacar la mayor cantidad de salmones cerca del límite que tienen de producción. Eso provocó que las condiciones ambientales en que se criaron no fueran las óptimas, y se produjo un exceso, además de mortalidad de los mismos salmones.
Por eso, la acusación sindicaba a estas personas como responsables del delito de contaminación de aguas y fraude de subvenciones. Más otro delito, vinculado con la falsedad en las declaraciones juradas de siembra y cosecha que entregaban a los servicios fiscalizadores.
Por eso, la fiscalía era de la idea de que, como la empresa no respetó el medio ambiente, no podía acogerse a la Ley Navarino.
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