En medio de una marcada caída de los ingresos provinciales y las transferencias nacionales, los gobernadores se reunirán este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para debatir la situación financiera de sus distritos. La preocupación abarca no solo la merma en la coparticipación, sino también el deterioro de rutas nacionales, que afecta al turismo y la producción.
El encuentro lleva como título formal «Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal» y se espera que el CFI proponga alternativas para impulsar obras públicas. Aunque no todos los mandatarios confirmaron su presencia, fueron invitados los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Pese a sus diferencias políticas, no descartan una foto conjunta como señal de unidad. Desde los sectores más alineados con la Casa Rosada aclaran que «no es una cumbre anti Javier Milei».
La crisis fiscal es profunda. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que en mayo la Nación transfirió a provincias y CABA $5.567.000, lo que implica una caída real del 23,3% interanual, descontando la inflación. Una provincia del centro del país confirmó que sus ingresos por transferencias nacionales cayeron 26% respecto al mismo mes de 2024.
Además, circula un informe de la Comisión Federal de Impuestos que proyecta una caída del 4,2% en las transferencias automáticas por coparticipación para 2025, lo que implicaría una pérdida cercana a los $2,5 billones, equivalente al 0,3% del PBI. Las provincias más afectadas serían La Pampa y Santa Fe, con caídas del 6%. El resto oscila entre un 3,5% y 4%, mientras que CABA sufriría el menor impacto, con una baja del 2%.
«Por decisión unilateral, el Gobierno nacional modificó el cálculo de la coparticipación automática, lo que genera un desfasaje muy grande. Hoy no sabemos si los anticipos llegarán antes del pago de aguinaldos», advirtió el gobernador pampeano Sergio Ziliotto. La crítica apunta a cambios en el anticipo del Impuesto a las Ganancias y la postergación de las presentaciones de grandes empresas.
Desde el Ejecutivo nacional aseguran estar sorprendidos. Según fuentes oficiales, en recientes reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, «ningún gobernador planteó el tema».
El IARAF explicó que la baja en la coparticipación se debe al mal desempeño del Impuesto a las Ganancias y del IVA, ambos fuertemente ligados a la actividad económica y el consumo, que se han desacelerado pese a la baja de la inflación. En abril, por ejemplo, la recaudación del IVA registró una caída real del 1,9% respecto al año anterior.
Durante la discusión del Presupuesto 2024 -que finalmente Milei prorrogó por decreto- el Gobierno había prometido que el crecimiento económico impulsaría la recaudación y beneficiaría a las provincias. Sin embargo, los gobernadores advierten que la recuperación no llega al interior con la velocidad esperada.
Como paliativo, el Ministerio de Economía impulsa un plan para incentivar el blanqueo de divisas no declaradas, bajo el argumento de que aumentaría la actividad y, con ello, los ingresos provinciales por coparticipación e Ingresos Brutos. Por ahora, los gobernadores peronistas de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se sumaron a la iniciativa. Varios más reconocen que terminarán adhiriendo por necesidad.
Las finanzas provinciales dependen en buena medida de la coparticipación nacional y de impuestos propios como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos. La masa coparticipable se nutre de tributos como Ganancias, IVA, impuestos internos y otros menores. Por eso, cualquier modificación en esas políticas tributarias repercute de manera directa en las arcas locales.
En ese contexto, el ministro de Economía de Tierra del Fuego, Francisco De Vita, ejemplificó el deterioro con cifras: «En enero recaudamos $53 mil millones y otros $31 mil millones por coparticipación. En marzo, los ingresos bajaron a $43 mil millones de coparticipación nacional y $25 mil millones de provincial. Perdimos $16 mil millones en tres meses, un 20% del total».
El financiamiento de obras públicas también preocupa. Los gobernadores reclaman que se reactiven las transferencias firmadas con Nación al inicio del gobierno de Javier Milei para poder terminar los proyectos iniciados. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anticipó que acudirá a la Justicia: «La única herramienta que nos queda es la vía judicial para que se asuman las responsabilidades, ya sea para transferir las obras a las provincias o para que las ejecute Nación».
Desde una provincia del Litoral remarcan que las jurisdicciones no pueden intervenir en rutas nacionales. Desde el centro del país se suman al reclamo: «Pedimos que, al menos, corten el pasto y arreglen las banquinas».
