Basándose en «estudios de la Universidad del Salvador», las denunciantes indicaron que «no pueden atribuirse a pérdidas del sistema de transporte y/o venteo, ya que en conjunto ambos representaron históricamente menos del 2 por ciento de la producción nacional». En un comunicado del ARI se indicó que «las diputadas concluyen al respecto que el cúmulo de estos volúmenes con destinos desconocidos (o ‘blanqueados’ vía ‘gas aventado’ o ‘consumido en yacimiento’) para el período 1996-2004 asciende a 93.062 millones de m3, es decir el equivalente a más de 2 años y medio de satisfacción de la demanda del aparato productivo nacional». Agregaron que ese volumen de gas «adquiere mayor relevancia luego de que la propia compañía anunciara recientemente a sus accionistas una poco fundamentada reducción en el nivel de sus reservas de hidrocarburos». «Ese anuncio promovió una serie de demandas de accionistas en Estados Unidos y Europa, y sobre esa base las legisladoras presentaron los cargos por presunto fraude ante la Comisión Nacional de Valores (CNV)», se indicó. Sobre este cargo, señalaron que la petrolera «el pasado 26 de enero de 2006 anunció la baja en las reservas totales de la empresa en un 25 por ciento, alegando haber declarado ante la Security Exchange Commission (SEC), de EE.UU., reservas de petróleo y gas probadas y probables, cuando en realidad debían haberlo hecho sólo de sus reservas probadas». «Este 25 por ciento comprende una baja del 52 por ciento en las reservas probadas de Bolivia y del 42 por ciento en las de Argentina, junto con menores cantidades en Venezuela y otras áreas», se explicó. Además, Carrió y Ríos presentaron cargos contra la empresa por «incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía» y «evasión fiscal».
DyN
