El Presidente Javier Milei, y algunos de sus funcionarios más conspicuos, se ufanan de que la inflación está reduciéndose y pronto será cosa del pasado. También de que la economía está preparada para crecer a una tasa superior al 6 por ciento anual, como dijo Luis Toto Caputo en un evento a fines de abril.
En todo caso, según ellos están dadas las condiciones principales para asegurar una expansión de la economía, por lo que a partir de ahora se trata de llevar adelante ajustes menores. Así se explicaría la intención de lanzar un blanqueo de capitales más permisivo de lo que resultaría recomendable de atender a los requisitos de la legalidad. O de reducir progresivamente los aranceles para la importación de teléfonos celulares provenientes de Tierra del Fuego hasta eliminarlos.
Sin embargo, no parece tan seguro que los precios se encaminen a una estabilización, ni que la economía crezca a tasas espectaculares. Tampoco que los efectos del desaliento a la actividad industrial en Tierra del Fuego sean benévolos.
La cuestión de los precios
Repasemos la primera cuestión. La posibilidad de que tenga lugar una aceleración tendencial en los índices de precios se originó en lo observado en marzo, concurrentemente con un alza constante de los tipos de cambio no oficiales y la merma en las reservas resultante de las intervenciones del Gobierno en el mercado del dólar financiero.
Entonces se conocieron el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los desembolsos por 12 mil millones de dólares para el Banco Central, y el reemplazo del régimen cambiario de acceso restringido por uno de flotación entre bandas de 1.000 a 1.400 pesos por dólar.
El índice de precios al consumidor de abril dio una variación mensual del 2,8 por ciento, inferior al 3,5 de marzo. Y la canasta básica alimentaria, cuya alza en marzo fue del 5,9, varió en abril un 1,3. Parecían estar dadas las razones para relajarse, y desde el Gobierno se dedicaron a zaherir públicamente a quienes pronosticaron la posibilidad de que los precios retomen la tendencia alcista.
No obstante, al contemplar el panorama completo, emergen algunas observaciones. La primera es que, si bien el IPC tuvo en abril una suba menor que la de marzo, dejando de lado ese mes el alza sigue siendo la mayor desde octubre del año anterior, cuando llegó a 2,7 (guarismo que se repitió en diciembre).
Lo anterior no indica por sí mismo que a partir de ahora las variaciones del IPC tiendan a ser superiores, pero confirma que los precios tendieron a desplazarse dentro de un rango mayor.
El dato que confirma la posibilidad de que la aceleración de los precios no sea cosa de una sola vez es el índice de precios internos mayorista. El IPIM tuvo una variación mensual del 2,8 por ciento en abril. La más alta del año. Los tres meses anteriores estuvo en torno al 1,5. La división de productos importados subió medio punto en los primeros dos meses, y 1,6 en marzo. Pero en abril, su incremento fue de 6 puntos.
Es decir que el dólar tuvo algo que ver, porque los costos de reposición de insumos se incrementaron, y ese incremento estuvo relacionado con los productos importados. Parece comprensible, si se observa que, con la adopción del esquema de bandas, el tipo de cambio oficial de referencia pasó de ubicarse en 1.078 pesos por dólar a 1200.
A lo largo de mayo descendió hasta gravitar alrededor de los 1.140 pesos. Pero el incremento que ya tuvo lugar representa una presión sobre los costos. Y por más que el dólar se mantenga estable por un lapso y los precios se adecúen, sigue presente la posibilidad de que se alce, por el alto techo de la banda.
La debilidad endémica del esquema adoptado por Milei, que favorece el aquietamiento del tipo de cambio en el corto plazo en detrimento de la fijación en el largo, se combina con la ausencia de una política general de desindexación, necesaria cuando se intenta detener los movimientos de precios. Esa combinación garantiza que cualquier baja de la inflación sea transitoria, y siempre a costa de la única variable que puede inhibirse: los ingresos.
El verso del crecimiento
La descripción de Caputo sobre la trayectoria del nivel de actividad es poco plausible, porque le atribuye a un resultado circunstancial la condición de exponer una tendencia sólida.
El crecimiento anual acumulado que registraron los indicadores de crecimiento durante los primeros meses del año reflejan de manera directa el contraste con la fase más severa de la recesión durante los primeros meses de 2024, que se amortiguó a partir de abril. Por eso, es posible que cuando se conozcan los próximos índices de actividad la tasa de crecimiento disminuya.
El indicador más claro de que la actividad no se encuentra en un nivel remarcablemente superior al del año anterior es la utilización de la capacidad instalada en la industria. En los tres primeros meses de 2025, se mantuvo apenas un punto por encima de sus valores en 2024. Y aún se encuentra por debajo de sus valores en 2023.
Lo indicadores de actividad ya presentan una tenue tendencia decreciente. En febrero, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) y el índice de producción industrial manufacturero (IPI) anotaron subas con respecto al mismo mes de 2024 del 6 y el 5,6 por ciento, respectivamente. Las tasas de crecimiento acumuladas en el año fueron del 6,3 y del 6,6.
En marzo las variaciones fueron del 5,6 y el 5,2 interanual para el EMAE y el IPI, con las tasas de crecimiento acumuladas descendiendo al 6,1 en ambos casos.
La continuidad de la actividad en los niveles del año anterior, con incrementos leves que no revierten el descenso general, es consecuente con los efectos de la política económica, que antes que nada impide que se produzcan mejoras en los ingresos de la población argentina, ya sea inhibiéndolos directamente u operando sobre el costo de vida.
Y sobre este accionar, el Gobierno no muestra posibilidades de cambio. Por el contrario, insiste en mantener el rumbo de incrementar las tarifas, presionar sobre las paritarias para que no excedan ciertas pautas, y mantener las jubilaciones en su estado actual.
Las liberaladas como el blanqueo no contrarrestan los efectos de raíz de la política económica. Pero son los medios que figuran en la concepción ideológica del liberalismo argentino para reactivar la economía sin alimentar distorsiones inflacionarias. Y ello es así aunque tamaña trasmutación de los hechos sea paradojal, porque finalmente son esas relajaciones las que contribuyen a precipitar las crisis, al alimentar los movimientos financieros de capital que concluyen en devaluaciones.
Liberaladas en Tierra del Fuego
Al respecto, el caso de Tierra del Fuego es notable. El régimen de promoción industrial se estableció en 1972 con el objetivo de poblar el territorio, y en ese sentido fue exitoso, gracias a haber consolidado un polo productivo durante la década de 1980.
Las críticas sobre el déficit comercial que acarrea, habituales en los debates económicos recientes, soslayan el hecho de que ese déficit no se debe a algo inherentemente defectuoso, sino a que el conjunto de la industria de base argentina se encuentra subdesarrollado.
Visto en perspectiva, se trata de una variante reciente de la animosidad contra la sustitución de importaciones. Quienes la mantienen nunca tardan en encontrar razones por las cuales la producción argentina debería limitarse, en vez de preguntarse cómo es posible llevar adelante su fortalecimiento.
La reducción de los aranceles para la importación de teléfonos celulares (se eliminarían para 2026) es otro ejemplo de un atentado contra la industria argentina fundamentado con sus presuntos defectos. Se ataca una actividad bajo la premisa de que es costosa, pero nunca se explica cuales los beneficios de eliminarla.
En relación a lo cual conviene prestarle atención a la peculiar defensa que ensayó Federico Sturzenegger en X. El 14 de mayo, un día después de los anuncios, adujo que, aunque inicialmente se pierdan empleos, habría un efecto sobre-compensador, porque el ensamblaje es poco intensivo en uso de mano de obra, y el abaratamiento de los celulares les permitirá a los consumidores gastar su ingreso en otros bienes, estimulando la demanda.
Además, hizo alusión a un trabajo suyo para explicar que la protección provoca un límite en la productividad. En él, lo atribuye a que los empresarios anticipan una eliminación de la protección si alcanzan los estándares internacionales, y por eso prefieren mantener un uso atrasado de la tecnología. Y no le faltó añadir que, sin protección, la isla podría transformarse en un centro turístico de niveles de ingreso europeos.
El futuro maravilloso que Sturzenegger imagina a partir de la desprotección de la industria en Tierra del Fuego se podría poner en discusión observando sencillamente que es más probable que se sigan comprando la misma cantidad de teléfonos, eventualmente más baratos, pero que la diferencia no sea suficiente para estimular el resto de la economía, y mucho menos para reemplazar las fábricas cerradas. Como desaparece una actividad, el resultado neto es una disminución del PIB argentino, con una consecuente pérdida de bienestar.
También se podría añadir la simple acotación de que antes de que haya productividad, tiene que haber actividad, que ella se organiza en función de condiciones económicas, como la logística y la disponibilidad de insumos, que exceden a la conducción de cada empresa, y que, en última instancia, aunque fuese tecnológicamente atrasada por una elección perversa de empresarios que se pondrían de acuerdo para no equiparse, puede ser más beneficiosa que la importación del mismo bien. Sencillamente, como se produce más, se puede consumir más.
Sucede que Sturzegger supone que el ingreso está dado y se puede elegir en qué gastarlo de mejor o peor forma. No concibe el hecho de que el ingreso de una población está directamente relacionado con su producción. Es decir, el PIB. Si cae, cae su ingreso. Y todo en una discusión en la que se trata de explicar el impacto de la protección y su ausencia sobre el PIB. Vaya equívoco.
Es una coincidencia afortunada que haya augurado para Tierra del Fuego el destino de ser un parque de diversiones mundial. Coincide con el discurso de Caputo y Milei, que describe el infierno argentino como si se tratara de Disneylandia. Y lo que ellos hacen para empeorar las cosas, es allanar el camino al paraíso.
También es útil señalarlo para considerar que para el campo nacional-popular es necesario un discurso orgánico que explique los daños producidos y las alternativas posibles. A esta altura, es remarcable que, aún a pesar de las consecuencias evidentes de su liberalismo remanido, y el uso de la mentira para encubrir la adopción de medidas cada vez más dañinas, el oficialismo no enfrente dificultades de importancia.
Exclusiva.com
