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Referencia: Mensaje: Ley – Sustituye el artículo 435 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN AL H. CONGRESO DE LA NACIÓN:
Tengo el agrado de dirigirme con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a implementar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa, incorporándola a las actuales causales
de disolución establecidas en el artículo 435 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
En ese sentido, se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica.
En efecto, los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Un divorcio por vía judicial conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el
referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad. Sumado a ello, los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en
el sistema judicial. Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes.
Por otra parte, el proyecto que se impulsa otorga mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida. El matrimonio se contrae para emprender un proyecto de vida en común. Las personas celebran libremente este acto
jurídico con un simple acuerdo de voluntades ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, más los testigos que la ley prescribe, por lo que, de la misma manera, ese proyecto de
vida en común puede terminar de mutuo acuerdo en pos de buscar nuevos proyectos de vida.
Si bien en la historia del matrimonio y del divorcio en nuestro país no siempre se ha acompañado debidamente a esta libertad, el divorcio en sede administrativa viene a continuar y profundizar el proceso de libertad que rodea a
esta institución. Debe recordarse que luego del complejo proceso constituyente que culminó con la sanción de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL en el año 1853, reformada en el año 1860, el célebre jurista Dámaso Simón Dalmacio VÉLEZ SARSFIELD redactó el proyecto de CÓDIGO CIVIL, que fue sancionado por el PODER LEGISLATIVO DE LA NACIÓN mediante la Ley N° 340 en el año 1869. En esa primera versión no se reguló el instituto del matrimonio, el cual quedó en manos de las autoridades eclesiásticas, impropio de una
República con ambiciones seculares.
Luego de varios años, en 1888, el H. CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó la Ley N° 2.393 de Matrimonio Civil por la cual se instituyó el matrimonio secular en nuestro país. Sin embargo, el divorcio requería de una causa (por ejemplo, el adulterio) y las personas divorciadas no podían contraer nuevas nupcias. Ello fue un paso importante, dado que anteriormente a la sanción mencionada, las personas que no profesaban una religión o no contaban con autoridades eclesiásticas en el país no podían contraer matrimonio. A su vez, fue un avance para el cumplimiento del artículo 14 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL, que garantiza la libertad de culto, lo que incluye no profesar ninguna religión. Sin embargo, el instituto seguía firmemente atado a los lineamientos
religiosos imperantes en esa época. No se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y el divorcio estaba sumamente restringido. Tanto es así que existía el concepto de “cónyuge inocente”, es decir, aquel que no
había cometido la acción que dio causa al divorcio, teniendo como contrapartida un “cónyuge culpable” de este.
Cabe mencionar que también había una remisión al CÓDIGO PENAL en el caso de adulterio. Pasaron OCHENTA (80) años del dictado de esa norma hasta la reforma impulsada en 1968 por la Ley N° 17.711, que a pesar de que mantuvo la indisolubilidad del matrimonio, amplió el abanico del instituto al incorporar el divorcio por mutuo acuerdo, previendo el cumplimiento de un plazo mínimo de DOS (2) años de matrimonio antes de poder solicitar la separación personal.
Aún con el dictado de la Ley N° 17.711, que modificó el CÓDIGO CIVIL, el divorcio solo implicaba una separación de hecho y de bienes, pero no disolvía el vínculo matrimonial. Recién en 1987, tras años de debate en el H. CONGRESO DE LA NACIÓN, se sancionó la Ley N° 23.515, luego de que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN declarara inconstitucional el artículo 64 de la Ley N° 2.393 y las demás normas concordantes con ese texto legal, en el caso “Sejean” (1986), fallo en el cual el Alto Tribunal consideró
inconstitucional que al quedar disuelto el vínculo matrimonial los divorciados se vieran privados de recuperar la aptitud nupcial (v. Fallos: 308:2268).
De esta forma, se introdujo el divorcio vincular, que permitía disolver el vínculo matrimonial; sin embargo, con el fin de poder solicitarlo de manera unilateral, debían haber transcurrido TRES (3) años de separación de hecho, sin
voluntad de unirse. Era una restricción que dificultaba el proceso de divorcio, que tenía como fundamento ofrecerun tiempo para que las partes pudieran reevaluar la situación y decidir mantener el vínculo, restricción que no
tuvo demasiado éxito en la realidad. También en los divorcios de mutuo acuerdo debían transcurrir TRES (3) años de matrimonio y, una vez presentada la demanda conjunta, el juez debía esperar entre DOS (2) y TRES (3)
meses para procurar una conciliación. Otro caso sin demasiado éxito en la práctica, ya que quienes presentaban una demanda conjunta de divorcio difícilmente se reconciliaban por esperar un par de meses. Sumado a ello debe
agregarse que, además de este divorcio y del denominado divorcio objetivo, fundado en la separación de hecho por un mínimo de tiempo sin voluntad de unirse, se mantenía el concepto de divorcio con causa, donde hay un
cónyuge inocente y otro culpable.
Con la sanción de la Ley N° 26.994, que aprobó el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN en el año 2014, se llegó finalmente al pleno divorcio incausado, sustentado en la libertad y la autonomía de los contrayentes, garantías primordiales de nuestra Carta Magna, que se sumó a lo que se había establecido en el año 2010: el denominado matrimonio igualitario que permite la unión de personas del mismo sexo, con la Ley N° 26.618.
Si bien las restricciones, prohibiciones y obstáculos al divorcio se basaron en el argumento de que facilitar el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad, esto no sucedió, más allá de un aumento en
los divorcios inmediatamente posterior a la sanción de la Ley N° 26.994, que fue producido por la acumulación de separaciones de hecho ya existentes que fueron transformadas en divorcios. Asimismo, se sostuvo que el
divorcio causaba deficiencias en el desarrollo de los hijos y otros efectos negativos, situación que fue estudiada a lo largo de los años y en la que se concluyó que en las familias disfuncionales no es el divorcio per se lo que tiene
un efecto negativo en los hijos sino que la situación de deterioro matrimonial, haya divorcio o no, es lo que genera estos efectos negativos.
El proyecto que se impulsa pretende cubrir un faltante, el divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo.
Prueba de ello son varios países que tienen un sistema de divorcio administrativo o uno de divorcio notarial, entre los que se encuentran la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA PORTUGUESA, la
REPÚBLICA DE COLOMBIA, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la REPÚBLICA DEL ECUADOR, el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, el REINO DE NORUEGA, la REPÚBLICA ITALIANA, RUMANIA, la REPÚBLICA DE ESTONIA, la REPÚBLICA DE LETONIA y JAPÓN.
Este sistema permite que personas unidas en matrimonio con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica y, a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad.
Por lo expuesto, y ante la necesidad de introducir mejoras indispensables conducentes a la facilitación de los trámites de divorcio, con el fin de ampliar y agilizar los procedimientos tendientes a la disolución del vínculo conyugal, de promover la celeridad en ellos así como el ahorro en los costos y, por otro lado, el alivio de la carga sobre el sistema judicial, la aprobación del proyecto de ley adjunto permitiría la implementación de otra opción para la exteriorización de la voluntad de dar por finalizado el vínculo matrimonial de una manera más simple y accesible para, de ese modo, dar respuesta a necesidades históricas de la presente época.
Por lo expuesto, en pos de potenciar la libertad de los argentinos y de la simplificación de procesos y trámites, se solicita al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el debate y la pronta sanción del presente proyecto de ley.
Saludo con mi mayor consideración.
Digitally signed by CUNEO LIBARONA Mariano
Date: 2024.10.10 20:48:01 ART
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FRANCOS Guillermo Alberto
MILEI Javier Gerardo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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ELECTRONICA – GDE
Date: 2024.10.10 21:34:39 -03:00
República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD
Proyecto de ley
Número:
Referencia: Ley – Sustituye el artículo 435 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,…
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 435 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN por el
siguiente:
“ARTÍCULO 435.- Causas de disolución del matrimonio. El matrimonio se disuelve por: a) muerte de uno de los cónyuges;
b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento;
c) divorcio declarado judicialmente;
d) divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el divorcio declarado judicialmente”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el artículo 437 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN por el siguiente:
“ARTÍCULO 437.- Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta:
a) judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.
b) en sede administrativa, exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal”.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 51 de la Ley Nº 26.413 y sus modificatorias por el siguiente:
“ARTÍCULO 51.- Se inscribirán en los libros de matrimonios:
a) Los que se celebren ante la autoridad competente en el territorio de la Nación;
b) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez competente;
c) Las sentencias sobre nulidad y divorcio comunicadas judicialmente y las actas de divorcio en sede administrativa; dichas inscripciones se efectuarán por nota de referencia en el acta de matrimonio respectiva;
d) Los que se celebren por funcionarios judiciales en el caso del artículo 421, segundo párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación;
e) Los celebrados in extremis que se realicen por capitanes de los buques y aeronaves de bandera argentina,asentándose ante el oficial público del primer puerto o aeropuerto argentino de arribo;
f) El divorcio en sede administrativa».
ARTÍCULO 4º.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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FRANCOS Guillermo Alberto
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
MILEI Javier Gerardo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
