Toda esta movida del superior Tribunal de Justicia, parte de la legislatura, el llamativo silencio de la vicegobernadora, Monica Urquiza y la denuncia de abogados riograndenses, no retrotraen a la destitución de Jorge Colazo, se tomó una denuncia de un abogado de esta ciudad, ingresó como proyecto de particulares y 2 meses después el Gobernador había sido destituido, por retener 5 millones de pesos a la municipalidad de Rio Grande. En ese momento tampoco hubo allanamientos con gendarmería nacional, por lo que la gravedad de la escalada institucional es sumamente grave.
Cuando se ingresa en este terreno, es muy difícil volver, porque aquí hay varios sectores involucrados, abogados, legisladores, Jueces, e intereses económicos que evidentemente pesan más que
En las dos presentaciones judiciales que se hicieron ante el Superior Tribunal de Justicia para suspender las elecciones, una de un abogado riograndense planteaba además la posibilidad de que hubiera sido “truchada” la fecha del decreto 1656/24 de convocatoria.
Esa situación hipotética planteada por el denunciante fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia y girada al juzgado penal de turno al momento de la firma del decreto, el 25 de julio pasado, entendiendo que se planteaba la existencia de un delito.
Esta mañana el juzgado de instrucción 1 a cargo del Dr. Sergio Pepe emitió una orden de allanamiento para la Casa de Gobierno valiéndose de la Gendarmería Nacional en orden a la investigación por el presunto delito de “falsificación de instrumento público”. Este juez es quien reemplaza De Gamas Soler, jubilado antes de ir a un jury de enjuiciamiento en el marco de la causa por el ataque a la AMIA.
En ese sentido se utilizó personal de esta fuerza federal para sacar de en medio a la Policía Provincial, por lo que se procedió a incautar los equipos informáticos del área de Despacho de Casa de Gobierno, donde se rubricó y redactó el decreto.
La medida resultó sorpresiva y chocante por las implicancias institucionales que tiene una medida de este tipo que pudo zanjarse con una orden de presentación, aptándose por una vía de mayor impacto público.
Desde Gobierno se anunció que emitirían un comunicado, pero al momento de eta nota, el mismo no ha sido publicado, a la vez que solicitarán celeridad a la Justicia en el análisis de los equipos informáticos en razón de que ha quedado paralizada la actividad de despacho de Casa de Gobierno a partir de esta medida.
Con información de actualidad TDF y la licuadoratdf.com.ar
