La línea 0800 VIDA que presentó hace pocos días en sociedad la presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Cynthia Hotton, será absorbida por el Ministerio de Desarrollo Social porteño -cuya titular es María Migliore– y su operación estará a cargo de personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se tomó luego de que la dirigente evangélica anunciara en un video junto con el ministro de Salud y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Fernán Quirós, que lanzaría un número telefónico gratuito para “asistir a mujeres con embarazos vulnerables”, supuestamente para aplicar la Ley de 1.000 días, sancionada en 2020 junto con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las autoridades de la Fundación Vida en Familia son la pastora de Villa Regina, Río Negro, Evelyn Rodríguez y su esposo, el médico Alfredo Weber. Fervientes militantes en contra de la interrupción del embarazo llevan consigo un intento fallido de instalar su línea a nivel nacional. En 2019, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, entonces a cargo de Carolina Stanley, había firmado un convenio con esta organización que llegó, inclusive, a presentar la línea 0800 con un acto en el Congreso. La ilusión de tercerizar el supuesto apoyo al embarazo vulnerable quedó en la nada cuando la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia rescindió el acuerdo.
Más verdes que celestes
En diciembre pasado, Rodríguez Larreta imaginó una foto de diversidad cuando convocó a la referente antiaborto al mismo tiempo que a la diputada feminista e integrante de su mesa chica Silvia Lospennato. Sin embargo, Hotton no quiso pararse al lado de la legisladora, el intendente optó por Lospennato y su formalización como funcionaria porteña se pospuso para enero. La decisión de que el 0800 VIDA no esté tercerizado en una organización antiaborto parece otra batalla ganada por el sector feminista más cercano al presidenciable amarillo.
Las objeciones y repudios a la operación de la línea por una organización religiosa fueron variados y múltiples. Amnistía Internacional Argentina elevó un pedido de acceso a información pública «para conocer el convenio firmado y el acto administrativo correspondiente que lo valida, así como el presupuesto asignado y los mecanismos de monitoreo previstos”. Además, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la Ciudad de Buenos Aires convocó a un pañuelazo frente a la Legislatura porteña y firmuló un pedido de audiencia e informes al jefe del Gobierno porteño y a Quirós pidiendo «explicaciones» sobre el funcionamiento de una línea 0800 «coordinada por grupos religiosos que se oponen al aborto», además de una nota que reúne más de 3.500 firmas de organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos.
La regional porteña de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también manifestó su descontento porque, enfatiza, la línea “implica una privatización o tercerización del derecho a la salud de la población, con un mensaje muy vinculado a los sectores fundamentalistas religiosos opuestos a los derechos sexuales y reproductivos de la población”. También la legisladora porteña por el FIT Alejandrina Barry presentó un proyecto para conocer los términos del acuerdo firmado entre Hotton y el Ministerio de Salud capitalino.
La Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, conocida como Ley 1000 días, tiene como objetivos “proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros tres años”. El proyecto fue anunciado por el presidente Alberto Fernández durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2020.
Fuente Revista Letra P
